Durante años, miles de millones de pesos del erario mexicano se destinaron a pagar jubilaciones extraordinarias a una pequeña élite de exfuncionarios. No se trata de rumores ni de estimaciones: ahora existen listas, nombres y montos. Las llamadas “pensiones doradas” revelan hasta qué punto algunas instituciones públicas fueron tratadas como si fueran propiedad privada de sus directivos. La pregunta inevitable es cómo se permitió durante tanto tiempo un esquema de privilegios de esta magnitud.
La publicación de las listas de pensionados de alto nivel en Pemex, LyFC, CFE y la banca pública no revela simples excesos administrativos. Lo que exhibe es una cultura de privilegio enquistada durante décadas, en la que una élite burocrática y directiva convirtió al Estado mexicano en fuente de enriquecimiento desmedido mientras el país cargaba con la factura.
Durante años se habló de corrupción como si fuera solamente el cobro de sobornos, el desvío clandestino o el contrato amañado. Pero hay otra forma de corrupción que suele esconderse detrás de la legalidad heredada: el diseño de privilegios escandalosos para una minoría que aprendió a vivir del presupuesto público como si fuera patrimonio privado. Eso es justamente lo que hoy queda a la vista con las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de organismos del Estado.
La información difundida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, retomada ampliamente por distintos medios, muestra que en instituciones como Pemex, Luz y Fuerza del Centro, CFE, Banobras, Banrural, Nafin y Bancomext existieron esquemas de retiro tan desproporcionados que varios exdirectivos y altos mandos llegaron a cobrar entre cientos de miles y más de un millón de pesos mensuales.
En el universo transparentado aparecen 99 mil 557 pensionados que en conjunto representan más de 7 mil 111 millones de pesos al mes, es decir, alrededor de 85 mil millones de pesos al año con cargo al erario.
El dato es brutal no sólo por su magnitud, sino por lo que significa moral y políticamente. En promedio, ese universo de pensionados recibía más de 71 mil pesos mensuales, pero dentro de esa masa existía una cúpula privilegiada con montos que rompían cualquier noción de servicio público.
Según lo difundido, cuatro personas superaban el millón de pesos al mes, mientras miles más rebasaban incluso el salario de la propia Presidenta de la República. La concentración más escandalosa se encontraba en Pemex, Luz y Fuerza del Centro y, en menor medida, CFE.
Al revisar los casos individuales, los datos adquieren una dimensión aún más elocuente. Entre los pensionados aparece Carlos Arturo Sánchez Magaña, excoordinador de asesores en Pemex Logística, con una pensión mensual superior a 1.1 millones de pesos. En la misma empresa figuran Salvador Quero García, Jorge Ernesto Moreno Tovar y Jorge Luis Talamantes Montoya, todos con percepciones cercanas o superiores a 900 mil pesos mensuales.
En el caso de Luz y Fuerza del Centro, el extrabajador Jorge Evodio Chapa de la Torre llegó a recibir más de 1.07 millones de pesos al mes, mientras otros exdirectivos también superaban ampliamente los 900 mil pesos mensuales.
Estos casos, documentados en la información difundida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ilustran hasta qué punto algunos esquemas de retiro llegaron a alcanzar niveles extraordinarios dentro de ciertas instituciones públicas.
Lo de Pemex resulta especialmente revelador. Allí se ubicó la pensión individual más alta reportada, superior a 1.1 millones de pesos mensuales, y también una cadena de exfuncionarios con pensiones por encima de 900 mil pesos al mes. No se trata de una anécdota aislada, sino de la expresión más clara de una estructura donde los cargos de confianza y alta dirección se blindaron con beneficios que ningún país con desigualdades tan profundas puede considerar normales.
El caso de Luz y Fuerza del Centro es todavía más simbólico por su carga histórica. Un organismo extinguido desde 2009 siguió arrastrando un pasivo laboral gigantesco, dentro del cual sobrevivieron jubilaciones descomunales para mandos directivos y personal de confianza. La propia información oficial difundida indica que hubo extrabajadores con percepciones de entre 919 mil pesos y más de 1.07 millones de pesos mensuales, mientras el Estado seguía absorbiendo ese costo. Es decir: la desaparición del organismo no terminó con el privilegio. El aparato pudo morir, pero la élite pensionaria siguió cobrando.
En CFE y en la banca pública el patrón cambia de escala, pero no de lógica. También ahí aparecen jubilaciones extraordinarias para antiguos cuadros sindicales o directivos, algunas por encima de 350 mil y 450 mil pesos mensuales, mientras en instituciones como Bancomext, Nafin, Banrural y Banobras se documentan pensiones de entre 150 mil y 284 mil pesos mensuales para antiguos altos mandos. La cifra individual puede ser menor que en Pemex o LyFC, pero el principio es el mismo: la captura del presupuesto por una capa burocrática que normalizó vivir muy por encima de la realidad nacional.
Lo más grave es que este fenómeno no puede despacharse como simple “herencia administrativa”. Lo que muestran estas listas es una manera de concebir al Estado: no como instrumento de servicio, sino como mina de extracción.
Durante décadas, sectores de la alta burocracia, direcciones paraestatales y cúpulas vinculadas al poder político y sindical construyeron para sí mismos condiciones de retiro que serían impensables para la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos. Mientras millones sobreviven con ingresos modestos o pensiones insuficientes, una minoría quedó amarrada a pagos vitalicios que ofenden por su monto y por su origen.
Por eso el debate no es solamente presupuestal. Es verdad que el gobierno federal calcula que un tope constitucional podría generar ahorros de hasta 5 mil millones de pesos anuales, y también es verdad que ese dinero importa en un país con tantas necesidades sociales. Pero el punto de fondo es otro: desmontar la idea de que haber ocupado un puesto alto en una institución pública daba derecho a seguir drenando al erario de manera permanente.
La reforma impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum busca justamente fijar como límite que ninguna de estas pensiones rebase el 50 % del salario presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales, y ya fue aprobada en el Senado.
También conviene decirlo con precisión: el debate jurídico no ha desaparecido. Parte de la discusión pública se ha centrado en el alcance de la reforma, en su diseño técnico y en la manera en que debe aplicarse a derechos ya reconocidos. Es de esperarse que los beneficiarios de esos actos de abuso y saqueo de la nación interpongan amparos bajo el argumento de que sus beneficios dorados son derechos adquiridos.
Pero incluso con esas reservas, la divulgación de las listas ya produjo un efecto irreversible: hizo visible algo que antes se mantenía enterrado entre opacidad administrativa, lenguaje técnico y privilegio burocrático. Hoy el país puede ver nombres, montos y estructuras. Y cuando la ciudadanía ve con claridad, el viejo régimen pierde una de sus armas favoritas: la niebla.
Está difusión de información revela una radiografía del México que la llamada austeridad republicana dice combatir: un país donde no sólo hubo corrupción en la adjudicación de contratos o en la captura de instituciones, sino también en la fabricación de beneficios extraordinarios para quienes ya estaban en la cúspide del poder. Estas pensiones son ofensivas, pero sobre todo son la huella material de un modelo de saqueo que hizo del servicio público una plataforma de privilegio personal.
Hoy sabemos que no se trata sólo de bajar montos, sino de dejar claro que el dinero público no existe para sostener castas, sino para servir a la nación.
