
El caso ha escalado al centro del debate nacional: Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa de vínculos con el narcotráfico y ha solicitado su extradición. Pero entre lo que se afirma y lo que se ha probado hay una distancia que no puede ignorarse. Hoy, más que tomar partido, toca distinguir con claridad qué está sustentado y qué no.
Lo que sí se sabe
Existe una acusación formal por parte de autoridades estadounidenses. Se trata de una imputación institucional que señala presuntos vínculos con el crimen organizado. También existe una solicitud de extradición presentada ante el gobierno mexicano.
De manera pública, el propio gobierno de Claudia Sheinbaum ha señalado que dicha solicitud no contiene pruebas suficientes, sino elementos no concluyentes.
Hasta ahí, los hechos.
Lo que no se sabe
Independientemente de las narrativas que se exponen todos los días en los medios impresos, radio, televisión o redes sociales, en realidad hasta este momento no se conocen pruebas verificables.
Hay medios que afirman que sí existen pruebas y lo dicen con vehemencia. Muestran grabaciones fuera de contexto, exhiben entrevistas de opinión y las camuflan de revelaciones clandestinas, hacen suposiciones y las exponen como verdades irrefutables, pero en realidad, no hay ninguna evidencia hasta este momento.
Decir que hasta el momento no hay pruebas significa que no se han presentado documentos probatorios sólidos, no se han detectado transferencias comprobadas, no se cuenta con testimonios identificables, ni hay evidencia pericial que sostenga la acusación de que Rocha Moya esté implicado en en narcotráfico. Es decir, no hay, hasta este momento, elementos públicos que permitan afirmar culpabilidad.
Afirmar que no hay elementos que permitan afirmar que Rocha Moya está implicado en el narcotráfico no significa que no aparezcan algún día. La inocencia o culpabilidad de una persona no depende de su afiliación política, ni de su cargo ni de su nacionalidad. Lo,único que decíamos aquí es que hasta este momento no se han presentado pruebas de culpabilidad.
Pero el hecho de que el gobernador de Sinaloa esté acusado, por estructurada que parezca la acusación, no es una prueba.
En este caso hay una distinción esencial. No tener pruebas implica que la acusación es débil o infundada. Y no haber presentado pruebas implica que, para efectos públicos y jurídicos, las acusaciones no pueden ser consideradas evidencia.
En términos reales, lo que existe es una afirmación institucional, no una verdad demostrada. Otra cosa muy distinta es que los partidos políticos de oposición y los medios de derecha afirmen que Rocha Moya es culpable. Los será sólo si Estados Unidos u otra entidad presenta evidencias. Mientras tanto debe ser considerado inocente.
¿Las acusaciones presentadas alcanza para juzgar? No. ¿Para investigar? Apenas. Porque con lo que se conoce solo se pueden hacer tres cosas:
- Puede justificarse una revisión jurídica del caso
- Puede pedirse el expediente completo a Estados Unidos
- Puede abrirse, si así se decide, una investigación formal en México
Pero no alcanza para condenar al acusado, no alcanza para dar por hecho el vínculo con el narcotráfico, hasta ahora sólo es una narrativa, ni alcanza asumir que la extradición debe proceder automáticamente.
El punto de fondo: soberanía y razón
Hoy el verdadero debate, serio y honesto debe girar sobre la pregunta ¿Debe México considerar una acusación extranjera como equivalente a una prueba? La respuesta, desde cualquier estándar serio, es no. Aceptar lo contrario implicaría algo grave: que la fuerza de quien acusa sustituye la necesidad de demostrar.
Hoy por hoy, el caso de Rubén Rocha Moya no está probado. No significa que sea inocente. Pero tampoco que sea culpable. Significa algo más básico y más importante: que sin pruebas, no hay verdad judicial, y sin verdad judicial, no puede haber justicia.
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