El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido presentado en medios como una acusación contundente desde Estados Unidos. Sin embargo, una vez que se revisa la información y no sólo las narrativas, nos encontramos con que no se han presentado pruebas suficientes de culpabilidad para proceder conforme a la ley mexicana.
Un proceso que no cumple con lo esencial
Las solicitudes de detención provisional con fines de extradición fueron recibidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y turnadas a la Fiscalía General de la República. Tras su revisión, la Fiscalía determinó que la documentación no contiene elementos probatorios suficientes ni evidencias contundentes que permitan iniciar acciones legales en México.
Este hecho es determinante: en el sistema jurídico mexicano, ninguna acusación puede avanzar sin pruebas.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: si existen pruebas, se actuará conforme a derecho, pero si no existen, no es posible proceder. Y en ausencia de pruebas, la imputación se ubica fuera del ámbito estrictamente jurídico y se coloca en el político.
Soberanía y legalidad, no reacción
México no ha rechazado el proceso sin argumentos, más bien Lo ha encuadrado en su marco legal, lo que implica que mientras no haya pruebas suficientes que sustenten la solicitud de extradición, no habrá detenciones en México, ni órdenes de aprehensión, ni se iniciará un proceso judicial.
Pero la ausencia de pruebas no es el único rasgo importante en el caso, además, la difusión pública de información que debía mantenerse bajo reserva introduce un elemento que no corresponde al curso ordinario de la cooperación judicial internacional.
La presidenta de México ha sido clara al decir que el punto central del caso no debe ser mediático ni narrativo, sino jurídico: una solicitud de extradición sin pruebas suficientes no puede producir efectos en México. Bajo esa condición, la propia Presidencia ha señalado que la acusación no se sostiene como un proceso penal ordinario.
En medio de interpretaciones y lecturas políticas, hay un dato que permanece firme: sin pruebas, no hay caso.
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