Uno de los mayores problemas políticos que enfrenta actualmente la Cuarta Transformación no es únicamente el crimen organizado, sino la narrativa que ha comenzado a instalarse con fuerza dentro y fuera de México: la idea de que Morena sería un “narco partido” y la 4T un “narco gobierno”.
La acusación es extremadamente grave. No solamente porque golpea electoralmente, sino porque erosiona el núcleo moral sobre el que nació el movimiento obradorista: la promesa de combatir la corrupción, desmontar las redes de saqueo y separar al poder político de los intereses criminales y económicos que dominaron durante décadas al país.
El silencio con que la Cuarta Transformación ha respondido a esa narrativa no ha logrado más que dejar crecer esa versión que ya el pueblo comienza a repetir. Precisamente por eso, la estrategia de respuesta no puede limitarse al silencio, la prudencia excesiva o la simple denuncia de campañas mediáticas, y la respuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum desde las mañaneras comienza a ser insuficiente.
La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las 269 solicitudes de extradición que México ha hecho a Estados Unidos desde 2018 abrió una puerta importante para reposicionar el debate porque muestra que las detenciones y extradiciones requieren pruebas suficientes, expedientes sólidos y procesos legales completos.
Ese punto es correcto, pero políticamente ya no basta, porque mientras el gobierno insiste —con razón— en la necesidad de pruebas, buena parte de la opinión pública percibe otra cosa: lentitud, cautela extrema y ausencia de acciones suficientemente visibles contra personajes señalados por presuntos vínculos criminales, especialmente cuando pertenecen o son cercanos al movimiento gobernante.
En política, las percepciones prolongadas terminan convirtiéndose en narrativas dominantes. La oposición mediática entendió eso hace tiempo. Por eso ha insistido sistemáticamente en asociar a Morena con el crimen organizado, aun en casos donde las pruebas públicas siguen siendo incompletas o discutibles. Porque para la oposición antimorenista la verdad es irrelevante. Para la derecha lo importante no es la verdad sino la idea que instala en el imaginario social.
El problema para la 4T es que esa narrativa no se combate solamente desacreditando a quienes la impulsan. Se combate demostrando capacidad real de investigación, sanción y depuración interna.
Porque si Morena nació denunciando la corrupción del viejo régimen, entonces está obligado a sostener estándares éticos incluso más altos que los de sus adversarios. La dificultad es que el gobierno parece atrapado entre dos riesgos.
Por un lado, actuar sin suficientes pruebas abriría la puerta a arbitrariedades, persecuciones políticas y debilitamiento del debido proceso. Sería un error gravísimo construir justicia mediática únicamente para satisfacer presiones nacionales o extranjeras.
Pero por otro lado, la inacción prolongada también tiene costos enormes. Cuando el Estado parece incapaz de actuar con firmeza contra personajes bajo sospecha —sean o no de la 4T— la ciudadanía comienza a asumir que existe protección política, aunque no haya pruebas definitivas de ello.
Ese vacío de justicia, al no actuar judicialmente contra quien se sospecha que está vinculado con el crimen, sea o no de la 4T, es ocupado rápidamente por la narrativa de “narco gobierno”. Ahí se encuentra probablemente el mayor desafío político de Sheinbaum: demostrar que exigir pruebas no significa tolerar impunidad.
Porque el discurso jurídico por sí solo difícilmente logrará desmontar una campaña política que opera en el terreno emocional y simbólico. La gente necesita ver investigaciones reales, procesos abiertos, deslindes claros y consecuencias concretas cuando existan elementos suficientes.
La 4T cometió durante años un error político importante: asumir que el prestigio moral acumulado por Andrés Manuel López Obrador bastaba para neutralizar cualquier acusación estructural. Pero el escenario actual ya es distinto. Morena gobierna la Presidencia, gubernaturas, congresos, municipios y amplias estructuras del Estado. Y mientras más poder acumula un movimiento, mayor es también la exigencia pública sobre su capacidad de limpiar sus propias filas.
Por eso el problema ya no puede reducirse a si los medios exageran, manipulan o impulsan agendas políticas. Muchas veces lo hacen. Pero la respuesta no puede ser únicamente denunciar campañas de desprestigio. Tiene que incluir acciones visibles y contundentes contra la corrupción y la infiltración criminal, sin importar colores partidistas.
La ciudadanía difícilmente distinguirá entre prudencia jurídica y encubrimiento político si las investigaciones nunca avanzan o si las sanciones parecen llegar únicamente contra adversarios. Es urgente que existan investigaciones y declaratoria fundamentadas de inocencia o culpabilidad, no sólo respecto a personajes de la 4T como Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Manuel Bartlet y otros, sino también respecto a personajes como Alejandro Moreno, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, César Duarte, Humberto Moreira, entre otros.
Sin embargo, tampoco puede normalizarse que actores políticos, medios o grupos de oposición elaboren públicamente listas de “sospechosos” sin que exista necesariamente una denuncia formal, una investigación judicial abierta o pruebas presentadas ante las autoridades competentes.
Una democracia no puede funcionar a partir de condenas mediáticas construidas desde intereses políticos o rivalidades partidistas. Si existen elementos reales contra cualquier funcionario, militante o figura pública —sea de Morena o de cualquier otro partido— lo correcto es que las acusaciones se traduzcan en denuncias formales, expedientes judiciales y procesos verificables.
La crítica pública es legítima y necesaria, pero cuando las imputaciones más graves permanecen únicamente en el terreno mediático, el riesgo es que la justicia termine sustituida por campañas de desgaste político capaces de destruir reputaciones sin necesidad de demostrar jurídicamente los señalamientos.
Ahí la presidenta enfrenta una oportunidad histórica. Si el gobierno logra demostrar que puede investigar, procesar y sancionar incluso a personajes cercanos al poder cuando existan pruebas suficientes, entonces podría desmontar una de las campañas más peligrosas contra la 4T. Pero si la percepción de inmovilidad continúa creciendo, la narrativa del “narco gobierno” terminará arraigándose incluso entre sectores que originalmente apoyaron el proyecto.
En política no basta con tener razón jurídica. También es indispensable construir confianza pública. Y hoy esa confianza depende, cada vez más, de la capacidad del Estado para demostrar que nadie está por encima de la ley.
