La política migratoria de Estados Unidos ha entrado en una nueva etapa. Además de reforzar los controles fronterizos y acelerar las deportaciones, el gobierno del presidente Donald Trump ha consolidado una estrategia que consiste en trasladar a algunos migrantes hacia terceros países cuando no es posible devolverlos a su nación de origen.
Durante los últimos meses, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, abogados especializados y legisladores estadounidenses han documentado que esta práctica ya no constituye un hecho aislado, sino una política que se ha venido ampliando mediante acuerdos con varios países africanos.
Los casos conocidos apuntan a naciones como Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo, Camerún y Sierra Leona, entre otras. Aunque el contenido de muchos de estos acuerdos no ha sido dado a conocer públicamente, distintas investigaciones periodísticas y testimonios de personas deportadas indican que algunos gobiernos han aceptado recibir migrantes de diversas nacionalidades tras negociaciones que incluyen incentivos económicos y, en algunos casos, presiones diplomáticas relacionadas con visados, cooperación internacional o relaciones comerciales.
Para la administración estadounidense, esta estrategia busca resolver un problema práctico: existen personas cuya deportación resulta difícil porque su país de origen rechaza recibirlas, porque no existen relaciones diplomáticas adecuadas o porque los procedimientos de repatriación se prolongan durante largos periodos.
En esos casos, Washington sostiene que la legislación estadounidense permite realizar expulsiones hacia terceros países cuando existen acuerdos que lo hacen posible. Sin embargo, la medida ha despertado fuertes cuestionamientos jurídicos y humanitarios.
Abogados que representan a algunos de los migrantes afectados sostienen que varias de estas personas contaban con mecanismos internacionales de protección que impedían su devolución a determinados países, particularmente bajo disposiciones de la Convención contra la Tortura. Aun así, fueron trasladadas a Estados distintos de su lugar de origen, donde en algunos casos permanecieron detenidas durante semanas o meses sin que quedara claramente definida su situación legal.
Organizaciones internacionales de derechos humanos también han expresado preocupación por la falta de transparencia de varios de estos acuerdos y por las condiciones en que algunos migrantes permanecen mientras las autoridades de los países receptores determinan su futuro. La incertidumbre jurídica, el acceso limitado a representación legal y la posibilidad de permanecer retenidos durante periodos prolongados figuran entre las principales inquietudes planteadas por estos organismos.
Uno de los casos que más atención ha generado es el de Esuatini, país que ha recibido varios grupos de migrantes deportados por Estados Unidos. La continuidad de estos traslados durante 2026 ha llevado a diversos analistas a considerar que ya no se trata de una medida excepcional, sino de una política que comienza a institucionalizarse dentro de la estrategia migratoria estadounidense.
Más allá del debate jurídico, esta política refleja un cambio importante en la forma en que algunos Estados enfrentan los flujos migratorios internacionales. Tradicionalmente, la deportación implicaba el retorno de una persona a su país de origen o al último país desde el que había ingresado legalmente. Ahora comienza a abrirse paso una modalidad distinta: el traslado hacia terceros países que aceptan recibir a personas con las que, en muchos casos, no existe ningún vínculo previo.
Para sus defensores, este mecanismo ofrece una alternativa para ejecutar órdenes de deportación que de otro modo quedarían sin cumplirse. Para sus críticos, en cambio, plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos, la protección internacional de las personas migrantes y el alcance que pueden tener los acuerdos bilaterales cuando afectan a individuos que no son nacionales de ninguno de los países firmantes.
Más allá de las posiciones políticas, el tema anticipa uno de los debates más relevantes de los próximos años: hasta dónde pueden llegar los Estados para controlar la migración irregular y cuáles son los límites que el derecho internacional impone cuando esas decisiones involucran la dignidad, la libertad y la protección de las personas.
