Cada cierto tiempo, alguna polémica pública vuelve a poner sobre la mesa preguntas que parecen nuevas, pero que en realidad acompañan a la democracia desde hace siglos. Una de ellas reapareció recientemente: ¿debería el derecho al voto depender del nivel de conocimientos políticos del ciudadano?
Más allá de quién haya formulado esa idea o de las razones que la motivaron, la pregunta merece una reflexión serena. No porque debamos decidir si una persona tuvo razón o se equivocó, sino porque nos obliga a pensar en uno de los principios fundamentales sobre los que descansa la vida democrática.
¿Qué hace valioso un voto?
A primera vista, la respuesta parece sencilla. Muchas personas dirían que un buen voto es aquel emitido por quien conoce las propuestas de los candidatos, entiende el funcionamiento del Estado, ha seguido las campañas y ha analizado las distintas opciones.
Sin duda, una ciudadanía bien informada fortalece cualquier democracia. Cuanto mayor sea el conocimiento de los asuntos públicos, mejores herramientas tendrán los ciudadanos para evaluar a quienes aspiran a gobernarlos. Pero esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es otra: ¿el valor del voto depende de los conocimientos del elector o de su condición de ciudadano?
La respuesta que durante más de dos siglos han construido las democracias constitucionales es muy clara: el voto no vale porque una persona sepa más que otra. Vale porque es ciudadana.
El voto no es un premio
Con frecuencia olvidamos que el sufragio no nació como un derecho universal. Durante siglos, votar fue un privilegio reservado para determinados sectores de la población. En distintos países solamente podían participar quienes poseían propiedades, pagaban cierto nivel de impuestos o pertenecían a determinados grupos sociales. Las mujeres permanecieron excluidas durante generaciones y, en algunos lugares, también se exigía saber leer y escribir.
Quienes defendían esas restricciones estaban convencidos de que solamente las personas más preparadas debían intervenir en las decisiones públicas. Esta visión es la que está detrás de episodios vergonzosos como el que protagonizó en abril de 2015 Lorenzo Córdova, entonces presidente del INE, al burlarse con sarcasmo de un grupo de indígenas.
Sin embargo, la historia fue avanzando hacia una idea completamente distinta. Poco a poco se comprendió que el derecho al voto no debía depender de la riqueza, del nivel educativo, del sexo o del prestigio social.
En México, por ejemplo, el reconocimiento del voto femenino en elecciones federales quedó incorporado a la Constitución en 1953 y las mujeres participaron por primera vez en una elección federal en 1955. Según el Instituto Nacional Electoral, aquel paso representó uno de los avances más importantes en la construcción de una ciudadanía verdaderamente incluyente.
El sufragio dejó entonces de entenderse como un privilegio reservado para unos cuantos y comenzó a reconocerse como un derecho inherente a la ciudadanía. Ese cambio transformó la manera de entender la democracia.
Ciudadanos, no especialistas
Cuando una persona recibe su credencial para votar o cuando entra a una casilla electoral no comparece ante un jurado académico. Nadie le pregunta cuántos artículos conoce de la Constitución. Nadie le solicita explicar el funcionamiento del Poder Judicial o distinguir entre distintas corrientes de pensamiento político.
La ley no le exige presentar un certificado de conocimientos. Lo único que acredita es su condición de ciudadano con derecho a participar en la elección de quienes ejercerán el poder público.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de las y los ciudadanos a votar en las elecciones populares sin establecer requisitos relacionados con el nivel de estudios, la preparación académica o los conocimientos políticos. Y existe una razón muy profunda para ello.
Las decisiones del gobierno afectan por igual al profesionista y al obrero, al empresario y al campesino, al investigador universitario y a la empleada doméstica. Todos pagan impuestos, todos están sujetos a las leyes, todos utilizan los servicios públicos y todos experimentan las consecuencias de las decisiones que toman quienes gobiernan. Precisamente por eso, todos tienen el mismo derecho a participar en su elección.
La igualdad política
Es importante comprender que la democracia nunca ha afirmado que todos los ciudadanos sepan lo mismo. Sería absurdo sostenerlo. Las personas poseen distintos niveles de escolaridad, experiencias de vida, acceso a la información y conocimientos especializados.
Lo que la democracia sostiene es algo diferente. Afirma que esas diferencias no convierten a unas personas en políticamente superiores a otras. Un médico puede saber mucho más de salud pública que un comerciante. Un economista puede comprender mejor los mercados financieros que un agricultor. Un abogado puede conocer con mayor profundidad el funcionamiento de las instituciones. Pero ninguno de esos conocimientos hace que su voto valga más, porque el fundamento del sufragio no es el conocimiento sino la igualdad política entre los ciudadanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y que esa voluntad debe expresarse mediante elecciones auténticas realizadas por sufragio universal e igual. Aquí la palabra decisiva es precisamente esa: igual.
Una democracia que confía en sus ciudadanos
Naturalmente, toda sociedad debe aspirar a que sus ciudadanos estén cada vez mejor informados, pues la educación cívica fortalece la participación democrática.
En esto los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ofrecer información verificada y contextualizada, las autoridades deben actuar con transparencia y los propios ciudadanos debemos procurar conocer mejor los asuntos públicos, pero conviene recordar que el derecho al voto no depende de haber alcanzado determinado nivel de conocimientos, pues todos los ciudadanos poseen la misma dignidad política.
Ese es uno de los mayores logros de la democracia moderna, no porque todos pensemos igual, ni porque todos sepamos lo mismo, sino porque todos compartimos el mismo derecho a participar en las decisiones que marcarán el rumbo de la sociedad.
