La disputa que enfrenta actualmente a Canadá y Estados Unidos podría parecer una simple guerra comercial: Washington impone aranceles, Ottawa responde con otros y ambas economías pagan parte de las consecuencias. Pero detrás de los porcentajes y los miles de millones de dólares surge una pregunta: ¿hasta dónde puede una potencia utilizar el peso de su mercado para influir en las decisiones soberanas de otro país?
La pregunta interesa particularmente a México porque los tres países comparten el T-MEC y porque tanto Canadá como México mantienen una enorme relación económica con Estados Unidos.
Canadá pone un límite
Las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Mark Carney se rompieron el 21 de agosto. Estados Unidos responde de inmediato con aranceles de 50% sobre aproximadamente 20 mil millones de dólares en productos canadienses. Canadá anunció que responderá con aranceles equivalentes a partir del 8 de septiembre.
Sin embargo, Carney explicó que su decisión de abandonar las conversaciones no se debió únicamente al monto de los aranceles. Según el primer ministro, Estados Unidos introdujo exigencias de última hora que consideró excesivas. Entre los objetivos que Canadá había establecido expresamente para cualquier acuerdo estaban conservar su “flexibilidad, independencia y soberanía”.
Una de las cuestiones más delicadas era la capacidad canadiense para establecer futuras relaciones comerciales con otros países. Carney consideró que las condiciones estadounidenses llegaban a un punto en el que Canadá estaría obteniendo acceso al mercado de Estados Unidos a cambio de reducir su propia capacidad de decisión.
Aquí la discusión dejó de ser solamente comercial. Estados Unidos tiene derecho a proteger su economía y Canadá tiene derecho a hacer lo mismo. El problema aparece cuando el acceso al enorme mercado estadounidense puede convertirse en una herramienta para conseguir que otro Estado sacrifique su soberanía al modificar decisiones que solo a él le corresponden.
El poder de la dependencia
Canadá tiene un problema difícil de ignorar: alrededor de tres cuartas partes de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. Eso significa que una ruptura comercial dañaría a ambos países, aunque no en la misma proporción.
Ésa es la ventaja de una gran potencia cuando negocia con una economía menor fuertemente integrada a la suya. No necesita prohibir al otro país tomar determinada decisión, pues basta simplemente aumentar enormemente el costo de tomarla.
Canadá seguirá siendo libre de decidir con quien realiza operaciones comerciales y así la soberanía jurídica continúa existiendo, pero la soberanía efectiva se vuelve más difícil de ejercer cuando determinadas decisiones pueden significar perder una parte importante del mercado del que depende su economía.
Carney lleva tiempo advirtiendo sobre este fenómeno. Su argumento es que las llamadas potencias medias necesitan diversificar sus relaciones y colaborar entre ellas para evitar que su dependencia respecto de Estados Unidos o China termine convirtiéndose en vulnerabilidad política. Sin embargo Canadá debe afrontar el costo de llevar esa teoría a la práctica.
México conoce el problema
México no observa esta disputa desde fuera. El propio T-MEC contiene ya un mecanismo que limita indirectamente la libertad comercial de sus integrantes frente a determinadas economías.
El artículo 32.10 del T-MEC establece que si México, Canadá o Estados Unidos pretenden negociar un tratado de libre comercio con un país considerado de “economía no de mercado”, deben informar previamente a los otros socios y, antes de firmarlo, permitirles revisar el texto completo. Ese acuerdo puede además conducir a la terminación del T-MEC respecto del país que lo suscribió si viola la regla.
En términos sencillos: México podría decidir soberanamente negociar determinado tratado, pero tendría que considerar que ejercer esa facultad podría poner en riesgo su relación comercial privilegiada con Estados Unidos y Canadá.
No existe formalmente un gobierno extranjero ordenándole qué hacer. Lo que existe es algo más sutil: una decisión soberana puede traer consecuencias económicas potencialmente enormes.
México ya enfrentó directamente los aranceles como instrumento de presión
El antecedente más claro ocurrió en 2019 cuando Donald Trump amenazó entonces con imponer aranceles generales a productos mexicanos si México no endurecía sus acciones para contener la migración hacia Estados Unidos.
México incrementó posteriormente la aplicación de su política migratoria, desplegó la Guardia Nacional y permitió la expansión de los Protocolos de Protección a Migrantes. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense señala expresamente que esas decisiones de México se produjeron para evitar los aranceles anunciados por Washington.
El episodio resulta particularmente importante porque la exigencia estadounidense no era comercial sino que Estados Unidos utilizaba una herramienta comercial —los aranceles— para obtener modificaciones en una política migratoria mexicana.
México conservaba jurídicamente su soberanía: podía negarse. Pero negarse significaba afrontar una sanción económica —los aranceles— de su principal socio comercial. Ésa es precisamente la frontera que ahora vuelve a discutirse con Canadá.
Interdependencia no significa igualdad de poder
Sería incorrecto concluir que Estados Unidos simplemente ordena y sus vecinos obedecen. Las tres economías están profundamente integradas. Empresas estadounidenses dependen de proveedores, trabajadores, materias primas y cadenas productivas mexicanas y canadienses. Una ruptura grave también produciría costos en Estados Unidos, pero interdependencia no significa necesariamente igualdad de poder.
Si uno de los participantes puede soportar mejor una interrupción comercial que el otro, posee una ventaja. Y si utiliza deliberadamente esa ventaja para obtener cambios que trascienden el comercio, la relación económica comienza a convertirse en instrumento de presión política. Eso es lo que Carney denomina coerción económica.
El riesgo de resistir también es real
Sin embargo, defender la soberanía mediante una ruptura comercial trae consecuencias: los aranceles pueden reducir exportaciones, afectar empresas y empleos, aumentar costos, alterar cadenas productivas y terminar trasladándose a los consumidores mediante altos precios o desabasto.
Una escalada suficientemente grave entre Canadá y Estados Unidos podría incluso poner bajo mayor presión el futuro del propio T-MEC. Por eso el dilema no admite respuestas fáciles.
Ceder permanentemente ante una potencia económica puede afectar la soberanía de un país al reducir progresivamente su capacidad de decisión. Pero convertir cada diferencia en una batalla de soberanía puede destruir relaciones económicas que producen enormes beneficios para ambas partes. Entre esos dos extremos se encuentra la negociación.
Una discusión que rebasa a Canadá
Lo que está ocurriendo al norte de Estados Unidos importa también al sur. Canadá está planteando abiertamente una pregunta que México ha enfrentado en distintas ocasiones: ¿qué sucede cuando la dependencia económica comienza a utilizarse como instrumento para modificar las decisiones del vecino?
La respuesta no consiste necesariamente en romper la relación con Estados Unidos. Para México y Canadá semejante ruptura tendría costos enormes y, dada la integración alcanzada durante décadas, también perjudicaría a los estadounidenses.
El desafío es otro: conservar los beneficios de la integración sin convertirlos en subordinación, porque un tratado comercial supone que los países aceptan voluntariamente reglas comunes. Algo diferente ocurre cuando una de las partes puede modificar constantemente el precio de la relación hasta conseguir que la otra acepte condiciones que inicialmente consideraba inaceptables.
En ese punto, la discusión deja de ser solamente sobre aranceles y se convierte en una discusión sobre cuánto cuesta ejercer la soberanía cuando el vecino posee el mercado del que depende buena parte de la economía nacional.
