Son las seis de la mañana. Alguien golpea la puerta. Un padre alcanza a abrazar a su hija. Una madre intenta explicar que sus hijos todavía duermen. Un jardinero baja de su camioneta con los brazos en alto. Una trabajadora doméstica deja caer las compras y levanta las manos.
Así comenzó Sabina Berman una reciente emisión de Largo Aliento dedicada a las redadas migratorias en Estados Unidos. Su invitada fue María Hinojosa, periodista mexicano-estadounidense que durante décadas ha documentado la realidad de los inmigrantes en ese país.
La escena descrita por Berman contiene buena parte del problema que después desarrollaría la entrevista: detrás de las cifras de detenciones y deportaciones existen personas que trabajan, tienen hijos, pagan una vivienda, poseen un automóvil, mantienen una cuenta bancaria y han construido, algunas durante décadas, una vida que puede quedar interrumpida en unas cuantas horas.
Pero la conversación fue todavía más lejos. Hinojosa habló de “fascismo” y se negó reiteradamente a llamar “centros de detención” a determinadas instalaciones migratorias. Las llamó “campos de concentración”. Son categorías extraordinariamente graves. No corresponde adoptarlas simplemente porque una periodista las pronuncie. Pero tampoco sería responsable reproducirlas entre comillas, tomar distancia y dejar al lector con la impresión de que se trata solamente de expresiones exageradas.
Hinojosa explicó por qué las utiliza. Y algunas de las situaciones que denuncia pueden verificarse con información independiente.
No solamente están deteniendo criminales
Uno de los argumentos centrales de la política migratoria de Donald Trump ha sido la necesidad de proteger a Estados Unidos de extranjeros delincuentes. Hinojosa cuestiona esa narrativa mediante un razonamiento sencillo: si hubiera millones de inmigrantes delincuentes recorriendo las calles estadounidenses, el país no tendría únicamente un problema migratorio, sino una extraordinaria crisis de seguridad pública que las policías locales, estatales y federales serían incapaces de contener.
Los datos tampoco permiten relacionar inmigración irregular con criminalidad. El FBI ha venido registrando descensos importantes en los delitos violentos. Y los propios datos de detención migratoria muestran que una proporción considerable de quienes se encuentran bajo custodia de ICE no tiene antecedentes penales.
Esto no significa que entre los detenidos no existan personas que hayan cometido delitos. Las hay y el Estado tiene la obligación de actuar frente a ellas. Lo que esto significa es algo diferente y fundamental: ser detenido por ICE y ser delincuente no son categorías equivalentes.
La maquinaria de detención migratoria ha crecido además de manera extraordinaria. Durante julio de 2026 la población bajo custodia de ICE rondó las 65 mil personas en determinados momentos, aproximadamente el doble de las 33 a 35 mil camas que Hinojosa recuerda de los años en que comenzó a investigar sistemáticamente estos centros.
¿Centros de detención o “campos de concentración”?
Hinojosa utiliza deliberadamente la segunda expresión. No corresponde a Tejido Social determinar que las instalaciones migratorias estadounidenses sean “campos de concentración” en el sentido histórico que adquirió esa expresión durante algunas de las experiencias más terribles del siglo XX.
Pero Hinojosa tampoco emplea la expresión sin explicar sus razones. Habla de personas que durante largos periodos desaparecen de los registros accesibles a sus familiares; de dificultades para conocer qué ocurrirá con ellas; de aislamiento; traslados encadenados; deficiencias sanitarias; dificultades para recibir atención médica; denuncias de abuso y ausencia de garantías que el sistema penitenciario ordinario estadounidense reconoce a sus presos.
Algunos de estos problemas no aparecen únicamente en los testimonios recogidos por Hinojosa. También han sido documentados por organismos de supervisión del propio gobierno estadounidense, investigaciones judiciales y organizaciones de derechos civiles.
Informes de supervisión del propio gobierno estadounidense han encontrado deficiencias en instalaciones utilizadas por ICE relacionadas con atención médica, alimentación, comunicación de los detenidos, segregación, procedimientos de queja y prevención de abusos sexuales.
La Government Accountability Office examinó cientos de inspecciones realizadas entre 2022 y 2024 y encontró incumplimientos en diferentes áreas. El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional también ha documentado problemas en determinadas instalaciones. Más recientemente, supervisiones derivadas de procesos judiciales han señalado deficiencias graves en la atención médica.
De esto se desprende que podemos no estar de acuerdo con la categoría de campos de concentración que utiliza María Hinojosa. Lo que es evidente es que sí existen las condiciones que la llevan a utilizarla.
Detener personas también es un negocio
Hay otro elemento particularmente lamentable. No todas las instalaciones utilizadas para la detención migratoria son administradas directamente por el gobierno estadounidense. ICE mantiene contratos con empresas privadas como GEO Group y CoreCivic para alojar personas bajo custodia migratoria.
Los contratos representan decenas de millones de dólares, lo cual no demuestra que las empresas provoquen las detenciones ni que exista necesariamente corrupción detrás de ellas, pero sí provoca sospechas e introduce un incentivo económico que merece vigilancia pública: cuanto mayor sea la población detenida y mayor la capacidad instalada requerida, mayor puede ser también el negocio de las empresas contratadas para encarcelarla, transportarla o proporcionarle servicios.
La privación de la libertad de seres humanos se convierte así, además de una función del Estado, en una actividad económica.
La deportación comienza antes de la deportación
Quizá el momento más revelador de la entrevista ocurre cuando Sabina Berman pregunta qué sucede con todo aquello que una persona deja atrás cuando es expulsada. La respuesta de Hinojosa es brutal por su sencillez: depende de si tuvo tiempo de prepararse.
¿Qué ocurre con la casa? ¿El automóvil? ¿La cuenta bancaria? ¿El empleo? ¿Quién puede tomar decisiones médicas sobre los hijos? ¿Quién los recoge de la escuela? ¿Quién administra los bienes? Hinojosa relata haber encontrado personas que preparan poderes legales, reorganizan sus propiedades o comienzan a enviar sus pertenencias fuera de Estados Unidos ante la posibilidad de ser detenidas.
Basta con que la posibilidad de la detención sea suficientemente creíble para que una persona deje de comprar una casa, para evitar determinados lugares, para que una familia prepare documentos para que alguien pueda hacerse cargo de sus hijos, para comenzar a sacar pertenencias del país, para que los trabajadores reducen sus desplazamientos, para que algunos negocios comiencen a recibir menos clientes.
La política migratoria comienza entonces a operar antes de que aparezca ICE porque opera mediante el miedo.
¿Fascismo?
Berman, como entrevistadora lleva finalmente la conversación hacia una comparación histórica todavía más delicada. Recordó las persecuciones en la Alemania de los años treinta y preguntó directamente a Hinojosa si considera que Estados Unidos se encuentra en camino hacia el fascismo.
“Sí”, respondió inicialmente la periodista. Pero su propia respuesta fue después más compleja.
Hinojosa habló del debilitamiento que percibe en las garantías legales, de amenazas al proceso democrático, de violencia estatal, de pérdida de confianza en instituciones de justicia y de una población inmigrante que considera crecientemente desprotegida frente al poder del Estado.
Sin embargo, ella misma introdujo una diferencia fundamental: Estados Unidos conserva elecciones, existen resistencias sociales, funcionan contrapesos y amplios sectores de la población continúan defendiendo las instituciones democráticas.
No estamos, por tanto, ante una demostración de que Estados Unidos sea hoy un Estado fascista, pero algunas características de la actual persecución contra inmigrantes encuentran precedentes inquietantes en mecanismos utilizados históricamente por regímenes autoritarios y fascistas.
Construir una población identificable como amenaza; generalizar sobre ella hasta asociarla con criminalidad; reducirla discursivamente a una categoría —“ilegales”—; hacer socialmente tolerable su persecución; disminuir en la práctica las garantías con las que puede defenderse y convertir el miedo en una presencia cotidiana, todas esas son conductas típicas del fascismo.
Reconocer esas semejanzas no significa afirmar que Estados Unidos sea la Alemania nazi ni que ICE sea la Gestapo. Comparar mecanismos no significa identificar dos sistemas políticos completos, pero la historia puede ayudarnos a reconocer mecanismos que ya hemos visto antes.
La deshumanización es el verdadero peligro
Hay una frase de un testimonio recogido por Hinojosa que quizá explique mejor el problema que todas las categorías políticas. Una persona trans detenida le dijo que eran tratados como si fueran extraterrestres, como animales, como si no tuvieran humanidad. Ahí puede encontrarse la advertencia más importante.
Una sociedad puede discutir legítimamente cuántos inmigrantes puede recibir, cuáles deben ser los requisitos para permanecer en su territorio, cómo administrar sus fronteras y bajo qué circunstancias una persona debe ser deportada. También puede decidir que alguien que no cumple los requisitos legales para permanecer en el país debe abandonarlo.
Lo que ninguna decisión migratoria debería hacer es borrar la condición humana de quien será expulsado, porque el inmigrante irregular continúa siendo padre, madre, hijo, trabajador, vecino, continúa teniendo bienes, relaciones, afectos y derechos, continúa sintiendo miedo, continúa sufriendo.
En resumen, el inmigrante irregular continúa siendo una persona incluso cuando el Estado ha decidido que no puede permanecer dentro de sus fronteras.
¿Hasta dónde puede llegar un Estado en su derecho a controlar la migración sin olvidar los derechos de los seres humanos sobre quienes ejerce ese poder?
Esa pregunta no necesita ninguna comparación histórica con el fascismo para ser suficientemente grave. Ya es grave por sí misma.
