El Universal publicó este 8 de octubre que 248 integrantes del Poder Judicial han sido sancionados o están bajo investigación por oponerse a la reforma judicial o por dictar sentencias contrarias a la Cuarta Transformación. Desde el comienzo, el diario presenta estos casos como persecución política por parte del Tribunal de Disciplina Judicial.
Es una acusación grave. Significa que una institución del Estado estaría utilizando su poder para castigar a quienes piensan distinto. Por eso debemos preguntarnos: ¿qué pruebas presenta la nota para afirmarlo?
El periódico menciona a 75 personas sancionadas y 173 investigadas. Pero esas cifras no explican por qué se les sancionó o qué se investiga. Sumarlas permite llegar a 248, pero no permite concluir que sean víctimas de persecución.
Un funcionario puede oponerse al gobierno y, al mismo tiempo, incumplir sus obligaciones, pero su desacuerdo político no lo vuelve inocente de cualquier acusación. También puede ocurrir que una autoridad lo acuse injustamente para castigarlo por sus ideas. Para distinguir ambas situaciones hay que conocer los hechos y las pruebas.
La nota recoge declaraciones de varios jueces que aseguran estar siendo perseguidos, y sus testimonios merecen atención, pero que una persona denuncie persecución no demuestra que esta exista, de la misma manera que una acusación de la autoridad no demuestra que alguien sea culpable.
De cualquier manera, un juez para demostrar que sufre persecución política, primero debe demostrar que no es culpable de aquello que se le acusa, pues no puede escudarse en la figura de persecución política para esconder sus faltas ni sus delitos, según sea el caso.
Además, el periódico El,Universal afirma “¿Su delito? Haber tramitado como ‘urgente’, admitido y concedido la suspensión provisional y definitiva en el juicio de amparo” al describir casos que se investigan por posibles faltas en el trabajo. No es lo mismo incumplir una obligación del cargo que cometer un delito. Tampoco es lo mismo estar bajo investigación que haber recibido una sanción. Mezclar estas situaciones dificulta que el lector comprenda lo ocurrido.
Desde el propio encabezado de la noticia “Desatan cacería contra jueces antiacordeón; magistrados, jueces y personal administrativo pagan platos rotos”. El.Universal está introduciendo una conclusión que no demuestra.
En los casos relatados, los jueces habían ordenado detener partes del proceso de la reforma judicial. Ellos sostienen que actuaron dentro de sus facultades; pero las autoridades les atribuyen actuaciones contrarias a la ley.
Ese es el punto que necesitamos esclarecer. Un juez debe poder resolver con independencia, incluso cuando su decisión moleste al gobierno, pero, y aquí está lo importante, también debe responder si no cumple con lo que la ley ordena. Para saber qué ocurrió necesitamos conocer qué ordenó, qué podía hacer legalmente y qué pruebas existen de la falta que se le atribuye. Esto puede estar en los expedientes, pero es lo que El Universal no muestra.
Algunos entrevistados dicen que otros jueces hicieron lo mismo y no fueron investigados porque son cercanos al gobierno. Si se demuestra que actuaron en circunstancias equivalentes y recibieron un trato distinto por razones políticas, sería un señalamiento importante. La nota de El Universal, sin embargo, no ofrece la información necesaria para hacer esa comparación.
No hacen falta 248 casos para denunciar una persecución. Uno solo, con que esté bien demostrado, es suficiente para advertir una injusticia. El Universal no demuestra ni uno solo. Solo presenta declaraciones de los jueces acusados, opiniones, puntos de vista, pero ni una sola prueba no demuestra los 248 casos, sino de ni uno solo Lo que hace falta es mostrar que la autoridad utilizó una acusación como pretexto para castigar una opinión política o una decisión judicial legítima.
Tampoco corresponde a los jueces probar su inocencia: la autoridad debe demostrar la falta que les atribuye, pero al periódico sí le corresponde sostener con pruebas lo que afirma ante sus lectores.
Con la información presentada, podemos decir que varios jueces denuncian persecución política. Afirmar que los 248 casos son persecución política exige pruebas que la nota no muestra.
Tendríamos qué saber qué ocurrió, de qué se acusa a cada persona y qué está demostrado. Solo así podremos juzgar si estamos ante funcionarios que deben responder por sus actos o ante una autoridad que está abusando de su poder.
