¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?… ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Mt 7, 3.5
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El 8 de octubre, monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), entregó al Papa León XIV el libro Un nombre, mil voces, que reúne fotografías, nombres e historias de personas desaparecidas en México. La iniciativa busca que el pontífice y otros destinatarios, entre ellos Naciones Unidas, respondan al sufrimiento de las familias con acciones en favor de la verdad y la justicia.
El propósito merece respeto, pues todos queremos que terminen las desapariciones, que las familias encuentren a sus seres queridos y que México pueda vivir en paz. Acompañar a quienes buscan incansablemente a sus familiares es una tarea humana y cristiana. Cada comunidad que les ofrece escucha, refugio o ayuda concreta contribuye a aliviar una carga que ninguna familia debería enfrentar sola.
Pero ese acompañamiento no concede automáticamente autoridad moral a la institución que lo encabeza. La autoridad moral se construye con la coherencia entre lo que se exige a los demás y lo que se está dispuesto a cumplir dentro de la propia casa. Y la jerarquía católica mexicana tiene responsabilidades pendientes frente a las víctimas de abusos sexuales del clero y frente a los encubrimientos que han impedido esclarecerlos.
En México los cientos de casos de abuso de menores en el ámbito eclesial no pasan desapercibidos para la sociedad, como tampoco ignoramos la actitud cómplice de la jerarquía eclesiástica mexicana que lejos de denunciar a sus miembros acusados de pederastia ante la autoridades correspondientes, lo que hicieron fue removerlos de parroquia o enviarlos a retiros de oración.
La cuestión es directa: cuando la CEM lleva ante el Papa el sufrimiento de las familias de desaparecidos, ¿presenta también, con igual claridad y solemnidad, el dolor de quienes fueron abusados por sacerdotes? ¿Expone las responsabilidades de los superiores que protegieron a agresores o desatendieron las denuncias? ¿Rinde cuentas de lo que ha hecho para colaborar con la justicia y reparar el daño?
La información pública sobre esta entrega de casos de desapariciones ante el Papa no permite responder esas preguntas. Tampoco podemos afirmar que la Iglesia jamás haya reconocido o lamentado los abusos. Sería injusto borrar el trabajo de quienes, dentro de ella, han escuchado a las víctimas y procurado protegerlas. Pero esos esfuerzos no sustituyen la rendición de cuentas que corresponde a la institución y a sus autoridades.
Una declaración de dolor puede ser sincera y, aun así, resultar insuficiente. Las personas afectadas necesitan saber qué ocurrió con sus denuncias, qué medidas se tomaron y quién responderá por las decisiones que permitieron prolongar el daño. Una disculpa adquiere valor cuando va acompañada de esclarecimiento, colaboración efectiva con las autoridades y reparación.
Los encubrimientos dentro del clero merecen especial atención. Proteger a un agresor, desacreditar a quien denuncia los abusos de sacerdotes o permitir que el agresor continúe en contacto con posibles víctimas añade responsabilidad institucional al abuso cometido. La confianza depositada en una autoridad religiosa vuelve especialmente grave esa traición. Quien acudió a la Iglesia buscando orientación, educación o amparo tenía derecho a recibir protección.
Por eso, el compromiso de no apartar la mirada debe aplicarse también cuando mirar obliga a reconocer responsabilidades propias. Las palabras “verdad”, “justicia” y “fin de la impunidad” comprometen a quienes las pronuncian. No pueden agotarse en un llamado dirigido hacia fuera.
La Iglesia puede participar en la construcción de la paz. Sus comunidades forman parte de la sociedad y muchas realizan un trabajo valioso. Sin embargo, para encabezar esa tarea con autoridad moral, la jerarquía necesita mostrar que está dispuesta a someter su propia actuación al mismo examen que reclama para otros.
Nos gustaría verla llevar ante el Papa un informe claro sobre las víctimas de su clero, las denuncias atendidas, los abusos reconocidos, los encubrimientos investigados y las reparaciones realizadas. Un documento que ponga a las personas afectadas en el centro y permita evaluar resultados.
La paz requiere instituciones capaces de asumir sus responsabilidades. La CEM ha expresado que cada nombre importa y cada vida cuenta. Honrar esas palabras exige reconocer también a quienes fueron dañados dentro de la Iglesia. Su autoridad moral se recuperará mediante hechos que esas víctimas puedan reconocer como justicia.
