Javier Milei utilizó su visita a Madrid este 21 de octubre para descalificar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Durante un desayuno informativo de Fórum Europa lo llamó «dictador», «corrupto» y «ladrón», y exhortó a «sacar a los socialistas a patadas» del poder. Sus declaraciones se produjeron en vísperas de las elecciones españolas del 29 de noviembre.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó las expresiones y consideró «indigno» que el mandatario argentino acudiera al país para insultar a su presidente y fomentar la polarización.
Aquí está en juego un principio indispensable para la convivencia entre naciones: el respeto a sus instituciones y a la soberanía de cada pueblo para decidir su vida política.
Cuando un presidente visita otro país, el respeto a su soberanía debe orientar su conducta pública. Las diferencias entre gobiernos pueden abordarse por los canales diplomáticos y en los espacios de diálogo correspondientes. Utilizar una tribuna durante la visita para desacreditar al gobierno del país que lo recibe y promover una orientación política entre sus ciudadanos no puede considerarse sino grosero e intervencionista. El carácter privado del viaje no lo exime de esa responsabilidad.
Las declaraciones de Milei tienen un carácter políticamente intervencionista, pues utilizó su visita para desacreditar al presidente del Gobierno e intentar influir en la decisión electoral de los españoles. El carácter privado del viaje no borra su condición de mandatario ni la responsabilidad de cuidar sus palabras.
Al llamar ladrón o delincuente al presidente del Gobierno español, Milei se atribuye un papel que no le corresponde como mandatario visitante. Exigir cuentas a Sánchez corresponde a la ciudadanía española; investigar posibles delitos y juzgarlos, a las instituciones competentes. La cuestión no se reduce a si Milei puede respaldar sus acusaciones: su investidura no le concede autoridad para erigirse en fiscal de otro gobernante ni para orientar las decisiones políticas de otro pueblo.
Aquí resulta insuficiente alegar que Milei no realizaba una visita de Estado. Un mandatario no puede desprenderse de su investidura al entrar en un foro privado y recuperarla cuando vuelve a una reunión oficial. Sus palabras tienen repercusiones públicas precisamente porque es presidente.
También preocupa el llamado dirigido a los españoles para desplazar a una fuerza política del poder. En términos políticos, un presidente extranjero que aprovecha su presencia en otro país para orientar el voto se introduce deliberadamente en su disputa electoral.
La frase sobre sacar a los socialistas a patadas puede interpretarse como una metáfora de derrota electoral. Aun bajo esa lectura, conserva una carga de hostilidad incompatible con la prudencia esperable de un jefe de Estado.
El criterio debe ser el mismo para todos. Sería igualmente reprochable que un mandatario de izquierda viajara a Argentina y utilizara una tribuna para llamar delincuente a Milei y pedir a los argentinos que expulsaran del poder a sus partidarios. La afinidad ideológica no puede determinar cuándo defendemos el respeto entre países.
España y Argentina tienen vínculos humanos, culturales y económicos que exceden ampliamente a sus gobiernos. Preservarlos obliga a sus representantes a pensar en las consecuencias de sus actos. Convertir un viaje en escenario de confrontación partidista pone esa relación al servicio de una disputa personal e ideológica.
Por eso resulta diplomáticamente inconcebible la conducta de Milei: quien tiene la responsabilidad de representar a una nación debe comprender los límites que esa representación impone. La duda es quien pondrá un alto a la insolente conducta de Milei.
