Las nuevas medidas anunciadas por Marco Rubio endurecen el cerco económico contra Cuba y plantean una contradicción: Washington dice apoyar al pueblo cubano mientras restringe actividades que sostienen su vida cotidiana.
Las medidas anunciadas hoy, 5 de noviembre, por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, como parte de la política del gobierno de Donald Trump hacia Cuba profundizan esa política de presión económica.
Washington sancionó a ocho entidades y dos personas, entre ellas proveedores chinos y una red de transporte de petróleo. También habilitó nuevas sanciones sobre los sectores de electrónica, manufactura, actividad marítima y tecnología; esto último abre la puerta a futuras designaciones de entidades sancionadas.
El gobierno estadounidense afirma que busca debilitar las redes militares y de seguridad cubanas. Sin embargo, afectar el abastecimiento energético y las operaciones comerciales tiene consecuencias que se afectan directamente a la población, especialmente en una isla que ya enfrenta graves apagones y escasez de combustible. Esa es la contradicción central de presentar estas medidas como apoyo al pueblo cubano.
La expresión “política de garrote” tiene fundamento como interpretación política: se recurre al poder económico para elevar el costo de mantener relaciones que Washington considera hostiles. Además, las medidas alcanzan a proveedores de terceros países, ampliando la presión más allá de la relación bilateral.
Desde una perspectiva de soberanía y convivencia internacional, el cuestionamiento es claro: las diferencias con un gobierno no justifican utilizar las condiciones de vida de su población como instrumento de presión política. Cuba debe tener la oportunidad de discutir y resolver sus problemas sin que la potencia estadounidense estreche deliberadamente la economía de la población.
