La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses —aún en proceso de confirmación plena— reabre una pregunta incómoda: ¿puede una potencia invadir un país, derrocar a su gobierno y presentarlo como normalidad política? El problema no es solo Venezuela. Es el precedente que se establece.
Todo indica —aunque aún sin una verificación independiente plena— que el gobierno de Donald Trump ha capturado y extraído del territorio venezolano al presidente Nicolás Maduro mediante una operación militar directa. Los reportes coinciden en ataques selectivos, control aéreo y ausencia, hasta ahora, de resistencia organizada. También coinciden en algo más inquietante: no se han registrado grandes daños a la infraestructura petrolera ni ataques deliberados contra población civil.
La operación parece haber sido calculada para minimizar costos estratégicos y maximizar control político. Y, sin embargo, lo esencial no cambia: Estados Unidos ha invadido militarmente a Venezuela.
Una intervención posible porque nadie la detuvo
La pregunta inmediata no es si el gobierno venezolano es legítimo o no. Esa discusión existe, es compleja y corresponde —en primer término— al propio pueblo venezolano. La pregunta de fondo es otra: ¿por qué una potencia extranjera se arroga el derecho de decidir, por la fuerza, el destino político de otro país?
La respuesta incómoda es simple: porque puede hacerlo.
La impopularidad del gobierno venezolano, su aislamiento internacional y el desgaste interno del régimen abrieron una ventana de oportunidad. Una invasión estadounidense no tendría costos altos, no habría una respuesta ni militar ni civil significativa, la reacción internacional no sería contundente (nadie metería las manos al fuego por el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro por sí mismo). Esto abrió una ventana no moral sino política para Donald Trump: cuando el costo internacional es bajo y la capacidad de respuesta externa es mínima, la fuerza sustituye al consenso.
No es la primera vez que ocurre. Tampoco es una excepción histórica.
Operaciones “quirúrgicas”: cálculo, no ética
Que no se reporten —al menos hasta ahora— bombardeos indiscriminados, destrucción masiva de infraestructura petrolera o ataques a civiles no convierte la operación en justa ni legítima. La contención del daño no responde a un imperativo humanitario, sino a un cálculo estratégico: preservar activos, evitar una reacción regional inmediata y sostener una narrativa de “intervención limitada”.
La moderación táctica no borra el hecho central: la soberanía fue violentada.
Democracia y narcotráfico: argumentos que no sostienen el peso
El discurso que suele acompañar estas intervenciones utiliza dos grandes pretextos de apariencia legítima: la defensa de la democracia y la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ambos pierden fuerza cuando se observan con honestidad.
Estados Unidos ha tolerado —y en ocasiones respaldado— regímenes abiertamente autoritarios cuando así lo dictaron sus intereses. Y en materia de drogas, la experiencia histórica muestra una lucha selectiva: se combate la producción externa mientras se evita enfrentar con la misma determinación el consumo interno y las redes financieras que lo sostienen.
Nada de esto absuelve a gobiernos que han permitido o fomentado economías criminales. Pero tampoco convierte a una potencia extranjera en juez, jurado y ejecutor del orden mundial. ¿Quién asignó a Estados Unidos como juzgado y policía del mundo?
Recursos, poder y tablero geopolítico
Venezuela no es un país irrelevante en el mapa global. Posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, recursos gasíferos aún subexplotados y minerales estratégicos cuyo valor crece en un contexto de transición energética y competencia tecnológica global. Estos activos ayudan a entender por qué Venezuela nunca ha dejado de ser un objetivo estratégico.
Más que una apropiación inmediata de recursos —que sería burda y políticamente costosa— lo que parece estar en juego es algo más estructural: decidir quién controla los flujos energéticos, quién fija las reglas de acceso y quién decide qué actores pueden o no tener influencia en una región clave del hemisferio occidental.
Intervenir en Venezuela implica, al mismo tiempo, reducir la presencia y el margen de maniobra de potencias como China, Rusia e Irán, y enviar un mensaje inequívoco sobre quién mantiene la capacidad real de imponer orden en el continente.
En ese sentido, Venezuela no es solo un país en crisis. Es un caso ejemplar. Un escenario donde se ensaya una forma de intervención selectiva que no busca tanto ocupar un territorio como reordenar el tablero geopolítico y marcar límites a competidores globales. Por eso, lo que está en juego no se reduce al futuro venezolano: se trata del precedente que se establece para otros países ricos en recursos pero políticamente frágiles.
El silencio del mundo y la prudencia de los Estados
Las reacciones internacionales han sido, en el mejor de los casos, cautelosas. Algunos gobiernos han condenado la acción; otros han optado por comunicados ambiguos. No es respaldo. Tampoco es aprobación. Es prudencia ante una correlación de fuerzas desfavorable.
Los Estados calculan riesgos. Los pueblos, en cambio, cargan con las consecuencias.
Que nadie esté dispuesto a confrontar militarmente a Estados Unidos por Venezuela no convierte la invasión en legítima. Solo revela los límites reales del orden internacional cuando se enfrenta al poder desnudo.
El problema no es Maduro. Es el precedente.
Nada de lo anterior pretende justificar un régimen que ha generado profundas divisiones, crisis institucional y sufrimiento social. Tampoco se afirma —sin pruebas concluyentes— que Venezuela sea una dictadura en sentido pleno, aunque existen indicios suficientes para debatir seriamente la calidad de su vida democrática.
Pero incluso si Venezuela atravesara una crisis democrática indiscutible, nada de ello autoriza una intervención militar extranjera.
Las democracias no se construyen bajo ocupación. La autodeterminación no se aprende desde el sometimiento. Y los pueblos no maduran políticamente cuando otros deciden por ellos.
Cuando la fuerza sustituye al derecho
El punto más inquietante de este episodio no es la caída —real o inminente— de un gobierno impopular. Es la normalización de una lógica peligrosa: la idea de que una potencia puede intervenir selectivamente, derrocar gobiernos y redefinir fronteras políticas sin mandato alguno.
Nadie, absolutamente nadie, ha otorgado ese derecho.
Cuando el mundo acepta esa lógica, el problema deja de ser un país específico y se convierte en una advertencia global. Porque hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier otro país que resulte incómodo, débil o estratégicamente útil.
Y cuando la fuerza decide el destino de los pueblos, lo que está en riesgo no es un gobierno, sino el frágil equilibrio que aún sostiene la convivencia internacional.
Excelente análisis.👍