La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación en la que sostiene que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena habría utilizado la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien, anteriormente conocida como Telecomm-Telégrafos) para dispersar hasta 252 mil pagos identificados como “apoyos sociales” entre 2022 y 2024.
De acuerdo con la investigación, el convenio entre Morena y Finabien fue firmado el 1 de junio de 2022 y concluyó formalmente el 28 de junio de 2024, pocas semanas después de la elección federal. MCCI afirma que obtuvo documentos internos que muestran la existencia del contrato y cuestiona la legalidad de que un partido político realice pagos clasificados como apoyos sociales.
La organización sostiene que ni la legislación electoral ni los estatutos partidistas contemplan entre las funciones de los partidos políticos la entrega de este tipo de apoyos, por lo que plantea la posibilidad de que existan irregularidades que deberían ser investigadas por las autoridades competentes.
Hasta este momento no hay evidencia de delito electoral ni de desorden administrativo, lo que deja todo en el terreno de la especulación. Del hecho revelado por MCCI puede resultar que se trató de actividades legales y normales, o bien que existió faltas administrativas sin delito. Pero también, de encontrar evidencias, podría revelarse la existencia de delitos graves.
Hasta el momento de la publicación de esta nota no se tiene conocimiento de una denuncia formal presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) o la Fiscalía General de la República (FGR) derivada de esta investigación. Tampoco se ha informado públicamente sobre la apertura de algún procedimiento sancionador relacionado con los hechos descritos por MCCI.
Asimismo, no se conoce una respuesta oficial de Morena ni una aclaración pública de Finabien respecto de los señalamientos difundidos por la organización. Por ahora todo tiene la apariencia de tratarse de una batalla de narrativas para debilitar al gobierno de izquierda.
Sin embargo, las acusaciones de corrupción deben tomarse con seriedad independientemente del partido o gobierno involucrado. Pero, también es legítimo analizar quién acusa y desde qué posición lo hace.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no es un organismo público, una autoridad fiscalizadora ni una institución académica independiente. Se trata de una organización que durante los últimos años ha sido señalada por sus vínculos con grupos empresariales y actores políticos abiertamente opositores al actual proyecto de gobierno.
Por ahora, lo que existe es una investigación periodística que plantea interrogantes sobre un convenio entre Morena y Finabien. Lo que no existe todavía es una denuncia formal conocida, una investigación oficial de las autoridades electorales o una resolución que determine la existencia de una conducta ilegal.
En un ambiente político donde la confrontación se ha vuelto cotidiana, también conviene recordar que la denuncia mediática y la acreditación jurídica son cosas distintas. En México hemos visto acusaciones que terminaron confirmándose y otras que se desvanecieron cuando llegó el momento de presentar pruebas ante las autoridades.
Por ello, más que emitir condenas anticipadas o exoneraciones automáticas, lo prudente es esperar a que existan elementos verificables adicionales. Si las acusaciones tienen sustento, corresponderá a las autoridades investigarlo. Si no lo tienen, quedarán como una pieza más de la disputa política que desde hace años acompaña el esfuerzo de la derecha por desacreditar a la Cuarta Transformación.
