México cuestionó que la situación interna de Nicaragua sea considerada una amenaza para la seguridad hemisférica. Su posición permite separar dos asuntos que no deben confundirse: el deterioro democrático nicaragüense y el derecho de los pueblos a determinar su futuro sin intervenciones externas.
Nicaragua ha dejado de ofrecer las condiciones fundamentales de una democracia competitiva. Las decisiones adoptadas por el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, particularmente las restricciones a la participación opositora, la concentración institucional del poder y las modificaciones al sistema electoral, hacen difícil sostener que los nicaragüenses dispongan actualmente de mecanismos suficientes para decidir libremente quién debe gobernarlos.
Reconocerlo no obliga, sin embargo, a aceptar que otros gobiernos o una organización internacional adquieran por ello el derecho de decidir cómo debe gobernarse Nicaragua.
Esa diferencia quedó en el centro de la posición asumida por México el 2 de octubre durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada específicamente para analizar la situación nicaragüense.
La organización aprobó una resolución que reclama elecciones libres, restablecimiento de libertades civiles, liberación de presos políticos y esclarecimiento de desapariciones, además de crear un mecanismo de seguimiento diplomático.
México tomó distancia ante las determinaciones de la OEA, No porque haya considerado democrática la situación de Nicaragua, pues la representación mexicana había expresado ya su preocupación por la cancelación de elecciones y las restricciones a la participación política.
Su desacuerdo consistió en que si la OEA considera que una crisis política y de derechos humanos es en una amenaza para la paz y la seguridad hemisféricas, abre las posibilidades de actuación internacional cuyos límites no están suficientemente determinados.
No es por indiferencia frente a lo que sucede fuera de México, sino por establecer límites a la actuación de un Estado sobre otro
La posición mexicana descansa en principios expresamente incorporados a nuestra Constitución: autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, igualdad jurídica de los Estados, respeto y protección de los derechos humanos y lucha por la paz.
La posición de México es que puede denunciarse una violación de derechos humanos sin adquirir el derecho a gobernar al país denunciado. Puede reclamarse democracia sin atribuirse la facultad de imponerla. Puede mantenerse interlocución internacional sin convertirla en intervención.
Ésta es una distinción especialmente importante cuando interviene la OEA. La actuación histórica de la OEA no puede analizarse sin considerar el enorme peso político de Estados Unidos y de las alineaciones que Washington mantiene en el continente.
Eso no significa que sea incorrecta cada resolución de la OEA ni hace aceptable todo aquello que hagan los gobiernos enfrentados con Estados Unidos. Lo que significa es que la defensa de la democracia pierde autoridad cuando existe la percepción de que sus principios se aplican selectivamente.
Nicaragua constituye una buena prueba
Sostener el principio de autodeterminación no es justificar a Daniel Ortega. El gobierno nicaragüense tiene que responder ante su propia sociedad por la concentración del poder, las restricciones a las libertades políticas, el trato a sus opositores y la ausencia de condiciones suficientes para una competencia electoral abierta.
Los organismos internacionales de derechos humanos han documentado además graves violaciones que no pueden descartarse simplemente invocando la soberanía nacional. Pero tampoco esos hechos convierten automáticamente a Washington, a la OEA o a cualquier otro actor internacional en depositarios de la soberanía nicaragüense.
Éste es precisamente el valor del principio de no intervención: no existe solamente para proteger a los gobiernos que nos parecen justos. Si dependiera de nuestra simpatía hacia cada gobierno dejaría de ser un principio y se convertiría en una conveniencia.
La historia latinoamericana proporciona razones suficientes para esa cautela. Durante décadas, el continente conoció dictaduras, golpes de Estado, intervenciones y gobiernos autoritarios tratados de manera diferente según las circunstancias geopolíticas de cada época.
Por eso la pregunta no puede limitarse a determinar si Nicaragua cumple hoy los estándares democráticos. Debe preguntarse también quién tiene derecho a actuar frente a ese incumplimiento y hasta dónde puede hacerlo.
México marca una límite
México sostiene que la defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos debe ser compatible con la soberanía, la autodeterminación y la no intervención, y advierte que las organizaciones internacionales no deben adoptar medidas contrarias al derecho internacional ni exceder sus competencias.
Eso no significa abandonar al pueblo nicaragüense. Significa reconocer precisamente que Nicaragua pertenece a los nicaragüenses. Son ellos quienes deben disponer de las condiciones para organizarse, expresarse, disentir, participar políticamente y determinar mediante procedimientos libres la forma de gobierno que desean.
La comunidad internacional puede defender derechos humanos, documentar abusos, facilitar el diálogo y exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales. Lo que no debería hacer es sustituir la voluntad de un pueblo por la voluntad de otros Estados.
México propone diálogo, cooperación, mecanismos diplomáticos y respeto al derecho internacional. La OEA ha decidido mantener abierta su consideración colectiva de Nicaragua y establecer un mecanismo para continuar su actuación.
Será necesario observar sus resultados, pero después de varias semanas siguiendo esta controversia, una conclusión parece suficientemente clara: rechazar el autoritarismo no exige aceptar el intervencionismo.
Nicaragua necesita recuperar condiciones democráticas, pero corresponde fundamentalmente a los nicaragüenses determinar su futuro político.
La democracia pierde su sentido si pretende imponerse desde fuera aquello que, por definición, debe pertenecer a la voluntad de un pueblo.
