Crónica de un operativo que abrió una grieta constitucional
Todo cambió en cuestión de horas. Un operativo contra el narcotráfico, una carretera en Chihuahua y un accidente que dejó muertos. Pero lo que realmente encendió el país no fue el choque. Fue lo que reveló: la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización del gobierno federal.
Podríamos dedicar líneas a analizar la efectividad de las acciones del gobierno estatal, pero lo que ocurrió no es un episodio de seguridad sino un problema de Constitución.
El 19 de abril, en una zona serrana de Chihuahua, un operativo contra laboratorios clandestinos avanzaba como muchos otros: con sigilo, con tensión, con la urgencia de contener al crimen. Horas después, un vehículo cayó por un barranco y explotó. Murieron cuatro personas: dos mexicanos y dos estadounidenses.
En ese momento, aún no se sabía lo más importante. Con el paso de los días, los reportes comenzaron a coincidir. Los estadounidenses eran agentes vinculados a la CIA y estaban ahí en el contexto de un operativo contra el narcotráfico.
Algunos informes señalaron que no contaban con acreditación oficial para participar en actividades de seguridad en México. En ese momento el caso dejó de ser un accidente. Se convirtió en un casi sumamente importante de violación de las leyes mexicanas.
Desde Palacio Nacional, la postura fue clara: El gobierno federal no tenía conocimiento ni había autorizado esa presencia. En su conferencia matutina de prensa la Presidenta dijo algo contundente: no puede haber agentes extranjeros operando en campo en México sin autorización.
Incluso se envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir que algo así no vuelva a ocurrir. En paralelo la presidenta intentó comunicarse con la gobernadora estatal de Chihuahua
Del lado estatal, la explicación no ha sido igual de contundente. Se ha planteado que los agentes participaban como apoyo, luego como capacitación, y luego como parte de una estrategia local contra el narcotráfico. Ahí es donde aparece la narrativa que hoy sostienen algunos sectores: que los estados pueden tener su propia estrategia de seguridad, incluso con cooperación internacional.
Pero esa idea tiene un límite. Y ese límite no es político: es constitucional, porque México puede cooperar con otros países, pero no de cualquier forma ni a cualquier nivel. Y tampoco desde cualquier autoridad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara:
- La política exterior es facultad del Ejecutivo federal
- La seguridad nacional es competencia federal
- Los gobiernos estatales no pueden establecer relaciones operativas con agentes extranjeros
Esto no es una interpretación de las leyes mexicanas, Es el diseño del Estado. Entonces si el gobierno federal no autorizó la incursión de agentes extranjeros en México, y si los agentes estaban ahí, y participaron —de una u otra forma— en un operativo, entonces hay una sola conclusión posible dentro del marco legal: el gobierno de Chihuahua actuó fuera de sus facultades.
En este momento lo que está en juego no es un operativo, ni se trata solo de Chihuahua, ni siquiera se trata solo de la CIA. Se trata de quién decide sobre la seguridad del país, bajo qué reglas se actúa y si esas reglas se respetan, porque cuando eso se rompe, no estamos frente a un error administrativo, sino frente a una grieta constitucional.
Hoy en México hay muchas cosas que se discuten, pero hay otras que no deberían discutirse y una de ellas es que ninguna autoridad local puede permitir la operación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Entonces esto no es una diferencia política ni es una interpretación de los hechos. Esto es un problema de legalidad y como tal, no puede quedar impune.
En medio de cuestionamientos, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha dicho:
“Mira, no puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación y yo solamente quiero decirles a ustedes y a todos los chihuahuenses que tienen una gobernadora que, bajo los hechos, no bajo los dichos, ha gobernado con total transparencia, apegada al Estado de derecho y sobre todo combatiendo este flagelo tan grave que realmente nos abate y daña a todos los chihuahuenses. Y es una gobernadora que esté firme, fuerte, combatiendo al narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia y que no están solos los chihuahuenses.”
La afirmación es clara: combatiendo el narcotráfico. Es una afirmación que en abstracto es válida. Los estados no están obligados a permanecer pasivos frente al crimen.
Pero este no es un escenario abstracto. Estamos ante un caso en el que el gobierno federal afirma que no autorizó la presencia de agentes extranjeros. México no ha aceptado la participación operativa en campo de agencias estadounidenses, y, aun así, esos agentes estuvieron presentes en un operativo en territorio estatal. Ahí es donde la frase deja de ser general y entra en contexto. Porque no se trata solo de combatir. Se trata de cómo se combate y bajo qué reglas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite la colaboración entre niveles de gobierno, pero no permite que un estado actúe por su cuenta en un terreno que corresponde a la Federación, mucho menos cuando ese terreno involucra agentes extranjeros. En este caso, el gobierno federal ha sido claro: no autorizó esa presencia y eso no deja espacio para interpretaciones.
Lo ocurrido en Chihuahua no es una diferencia de estrategias. Es una violación al marco constitucional, Porque incluso en el combate al narcotráfico hay reglas, y cuando esas reglas se rompen, no se fortalece al Estado. Se debilita.
