En los últimos días surgió una fuerte discusión pública en Querétaro luego de que el gobernador Mauricio Kuri anunciara que vetará la llamada “Ley de Identidad de Género” aprobada por el Congreso local.
Desde entonces, muchas personas han escuchado versiones distintas sobre el contenido de la reforma, especialmente en torno a si permitiría que niñas, niños y adolescentes cambien legalmente de género “según se perciban”.
El tema ha generado preocupación, enojo y también confusión. Por eso vale la pena detenerse un momento para aclarar qué aprobó realmente el Congreso, qué está argumentando el gobernador y dónde se encuentra el centro del debate.
La reforma aprobada por la Legislatura queretana modifica diversos artículos del Código Civil para permitir que una persona pueda solicitar ante el Registro Civil el reconocimiento legal de su identidad de género, es decir, modificar el sexo y nombre asentados en su acta de nacimiento mediante un trámite administrativo y ya no a través de un juicio largo y costoso.
Uno de los puntos más importantes es que el texto aprobado establece como requisito “ser mayor de edad”. Legisladores que impulsaron la reforma y el propio presidente de la Mesa Directiva del Congreso han insistido en que la ley aprobada no aplica para menores de 18 años.
Entonces, ¿por qué el gobernador sostiene que sí afecta a niñas, niños y adolescentes?
Porque el gobernador Mauricio Kuri considera que, aunque actualmente el texto mencione solamente a mayores de edad, la reforma abre una puerta jurídica y cultural que eventualmente podría extenderse a menores mediante interpretaciones judiciales futuras.
Bajo esa lógica, decidió vetar la ley argumentando que busca proteger a las familias y evitar lo que considera una imposición ideológica,moderó bajo esa misma lógica sería vetable toda ley que aprueba usos exclusivos para mayores de edad.
Es decir, el centro del conflicto no está solamente en lo que dice literalmente el dictamen aprobado, sino en las consecuencias que distintos sectores creen que podría tener en el futuro.
Por un lado, organizaciones LGBT+, legisladores de Morena y activistas afirman que se está difundiendo información incorrecta al asegurar que la reforma permitía directamente cambios registrales para menores de edad. Sostienen que el texto es claro al limitar el trámite a personas adultas.
Por otro lado, grupos conservadores y organizaciones de defensa de la familia, como la iglesia católica y las iglesias evangélicas queretanas consideran que este tipo de reformas forman parte de una agenda más amplia que, tarde o temprano, terminaría incluyendo a menores de edad, como ya ha ocurrido en algunos países y estados donde las leyes fueron ampliándose mediante resoluciones judiciales posteriores.
También es importante aclarar otra confusión frecuente: esta reforma no autoriza cirugías, tratamientos hormonales ni procedimientos médicos automáticos. Lo que regula es el reconocimiento legal de la identidad de género en documentos oficiales.
Ahora el proceso entra en otra etapa. El gobernador ejercerá el veto constitucional y enviará observaciones al Congreso estatal. Después, los diputados podrían modificar la reforma o intentar aprobarla nuevamente reuniendo la mayoría requerida por la Constitución local.
Más allá de las posturas ideológicas, conviene que la discusión pública se construya sobre el contenido real de las leyes y no solamente sobre interpretaciones, temores o consignas.
Porque cuando un tema se vuelve tan sensible socialmente, la claridad deja de ser un lujo y se convierte en una responsabilidad pública. Y los más responsables en materia ética son los representantes del clero católico y los líderes evangélicos que cobijan sus posturas ideológicas bajo el halo de la supuesta defensa de la familia.
A la familia hay que defenderla, pero sin violentar la verdad.
