La protesta realizada en Chihuahua por simpatizantes de la gobernadora María Eugenia Campos dejó una escena difícil de ignorar. Mientras defendían a la mandataria estatal frente a posibles acciones legales en su contra por permitir injerencia extranjera en su Estado, algunos participantes terminaron pidiendo la intervención de Estados Unidos e incluso apelando directamente al presidente Donald Trump.
En semanas recientes, el nombre de Maru Campos apareció en medio de la polémica por el posible involucramiento de agencias estadounidenses, incluida la CIA, en operaciones realizadas en territorio chihuahuense.
La discusión creció especialmente después de versiones relacionadas con un operativo en la sierra El Pinal y con señalamientos sobre la presencia de personal estadounidense en tareas vinculadas al combate al narcotráfico.
Ante las críticas, la defensa política de la gobernadora se movió en una posición complicada: negar que exista subordinación o intervención extranjera permitida por su gobierno, pero al mismo tiempo reconocer que sí existía presencia o conocimiento de actividades estadounidenses en territorio estatal.
Ahí precisamente aparece la contradicción: si el argumento es que Maru Campos no está de acuerdo con la intervención estadounidense en México, entonces resulta difícil explicar por qué algunos de sus propios simpatizantes terminaron pidiendo precisamente esa intervención para protegerla políticamente.
Es decir: primero se rechaza la idea de una injerencia extranjera; después se solicita esa misma injerencia cuando se percibe una amenaza contra una figura política propia.
Eso revela algo preocupante sobre la forma en que muchas veces se utiliza el discurso de la soberanía nacional en México. No siempre parece tratarse de un principio firme. A veces da la impresión de convertirse en una herramienta política que se usa o se deja de usar dependiendo de las circunstancias.
La soberanía no puede defenderse solamente cuando conviene
Si realmente preocupa que agencias extranjeras operen dentro del territorio nacional, entonces la preocupación debería existir independientemente de qué partido gobierne o de quién resulte beneficiado políticamente. Y si no preocupa, entonces también habría que decirlo con claridad y asumir las consecuencias del debate.
El problema no es únicamente si hubo o no participación estadounidense en determinado operativo. El problema de fondo es la normalización de una lógica donde sectores políticos empiezan a ver natural pedir respaldo extranjero para resolver disputas internas mexicanas. Eso es delicado.
México tiene una historia demasiado compleja con Estados Unidos como para tomar este tipo de discursos a la ligera. La relación bilateral ha estado marcada durante generaciones por presiones políticas, económicas y militares.
Por eso, cuando en una protesta se escucha que Trump “debería intervenir” o que Estados Unidos “debería ayudar”, no se trata de simples frases emocionales lanzadas al aire. Son expresiones que reflejan una peligrosa disposición a trasladar conflictos políticos nacionales al terreno de la influencia extranjera. En una democracia eso debería preocupar sin importar colores partidistas.
Si existen investigaciones, acusaciones o procesos legales, deberán resolverse conforme a las instituciones mexicanas, con pruebas, tribunales y leyes mexicanas. La solución no puede ser llamar a una potencia extranjera para inclinar la balanza política interna.
Cuando un país empieza a pedir ayuda externa para resolver sus disputas domésticas, lo que termina debilitándose no es solamente un gobierno o un partido, sino la propia idea de soberanía nacional.
