El crecimiento del comercio ambulante en Guanajuato capital ha encendido las alertas entre empresarios, regidores y ciudadanos. Lo que comenzó como una alternativa de subsistencia para muchas familias parece haberse convertido en un fenómeno que supera la capacidad de regulación del municipio, generando dudas sobre la transparencia, el orden urbano y el aprovechamiento de los espacios públicos.
En días recientes se dio a conocer que el Ayuntamiento enfrenta dificultades para conocer con precisión cuántos comerciantes ambulantes operan realmente en la ciudad. Mientras diversas calles y plazas muestran una presencia creciente de vendedores, la información oficial disponible resulta insuficiente para dimensionar el fenómeno y determinar cuánto dinero ingresa efectivamente a las arcas municipales por este concepto.
Empresarios del sector turístico han manifestado su preocupación por la falta de regulación. Más allá de una postura contraria al comercio ambulante, señalan que la ausencia de reglas claras puede afectar la imagen urbana, especialmente en una ciudad cuyo Centro Histórico depende en gran medida de la actividad turística. También han surgido quejas relacionadas con la limpieza de algunos espacios donde se instalan vendedores semifijos y ambulantes.
Por su parte, integrantes del Ayuntamiento han cuestionado la falta de información disponible sobre permisos, padrones y recaudación. Según lo expuesto por regidores de distintas fuerzas políticas, incluso las comisiones encargadas de revisar estos temas han encontrado dificultades para acceder a datos completos sobre el funcionamiento del sistema de permisos.
La situación resulta particularmente relevante porque el comercio ambulante no surge en el vacío. Detrás de cada puesto suele haber una familia que busca generar ingresos en un contexto económico que no siempre ofrece suficientes oportunidades laborales formales. De hecho, las propias autoridades municipales reconocen que cada vez más personas se acercan a solicitar apoyo para emprender actividades comerciales en la vía pública.
Por ello, el debate no debería centrarse únicamente en retirar o permitir vendedores, sino en encontrar mecanismos que combinen inclusión económica y orden urbano. Una ciudad necesita espacios públicos funcionales y atractivos, pero también requiere alternativas para quienes encuentran en el autoempleo una forma legítima de subsistencia.
A esta discusión se suma ahora la exigencia de transparencia. La diferencia entre el número de permisos reportados oficialmente y la presencia visible de comerciantes en las calles ha llevado incluso al Congreso del Estado a anunciar una revisión de las cuentas públicas municipales. La pregunta ya no es solamente cuántos ambulantes existen, sino quién los regula, bajo qué criterios operan y cómo se administra el dinero que generan los permisos y derechos por uso del espacio público.
Guanajuato capital enfrenta así un desafío que comparten muchas ciudades mexicanas: evitar que la falta de control convierta un mecanismo de supervivencia económica en una fuente de desorden, desconfianza y corrupción.
Regular no significa perseguir; significa establecer reglas claras, transparentes y equitativas para todos. El verdadero reto consiste en construir una ciudad donde el derecho al trabajo y el derecho al espacio público puedan convivir sin enfrentarse.
