Hablar de las personas desaparecidas en México exige sensibilidad, pero también serenidad. Es uno de los temas más dolorosos de nuestra vida pública porque detrás de cada expediente existe una familia que vive con la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido. Por eso resulta comprensible que muchas madres buscadoras expresen una idea sencilla y contundente: si no hay resultados, no se está haciendo lo suficiente.
Desde la experiencia humana de quien busca a un hijo, un hermano o una hija desaparecida, esa afirmación tiene una enorme fuerza moral. Nadie puede exigirle a una madre que mida el problema con estadísticas, presupuestos o informes administrativos. Su preocupación es una sola: encontrar a quien ama.
Sin embargo, cuando intentamos evaluar la actuación del Estado, la pregunta es diferente. No se trata únicamente de saber si una persona fue localizada. También debemos preguntarnos si las instituciones hicieron lo que razonablemente estaba en sus manos para encontrarla. La diferencia puede parecer pequeña, pero es fundamental.
Imaginemos a un equipo de rescate que busca sobrevivientes después de un terremoto. Que una persona no sea encontrada con vida no significa necesariamente que los rescatistas hayan actuado mal. Es posible que hayan movilizado todos los recursos disponibles y aun así no hayan logrado el resultado esperado.
Con las desapariciones ocurre algo parecido. Los resultados dependen de muchos factores. El tiempo transcurrido desde la desaparición, la destrucción de evidencias, la participación de grupos criminales, la corrupción de autoridades locales, la movilidad de las víctimas entre distintas entidades o incluso fuera del país son elementos que pueden dificultar enormemente cualquier investigación.
Por eso la eficacia del Estado no puede medirse solamente por los resultados. También debe evaluarse por sus capacidades, sus esfuerzos y su disposición para mejorar.
La pregunta entonces cambia: ¿el Estado mexicano está haciendo algo real para buscar a las personas desaparecidas? La evidencia indica que sí. Hoy existen instituciones, registros, protocolos, comisiones de búsqueda, unidades especializadas y capacidades forenses que simplemente no existían hace dos décadas o que eran mucho más limitadas. El tema ocupa un lugar permanente en la agenda pública y se han impulsado reformas específicas para fortalecer los mecanismos de búsqueda.
Esto no significa que el problema esté resuelto ni que las capacidades actuales sean suficientes, pero sí dificulta sostener que el Estado permanezca inmóvil o indiferente. Ahora bien, reconocer que existen esfuerzos institucionales tampoco obliga a concluir que todo funciona como debería.
México enfrenta una crisis acumulada durante décadas. Las desapariciones no son un fenómeno reciente y las capacidades del Estado crecieron al mismo tiempo que crecía la magnitud del problema. Por ello, la existencia de instituciones especializadas no garantiza automáticamente resultados satisfactorios. De hecho, una de las preguntas más complejas es si hoy se busca mejor que antes. Y responderla no es sencillo.
Podemos comprobar que existen más herramientas, más estructuras y más recursos especializados que en administraciones pasadas. Lo que resulta mucho más difícil determinar es cuánto de ese crecimiento institucional se ha traducido en mejores resultados, porque el fenómeno también se ha vuelto más complejo.
Quizá por eso conviene evitar los extremos. No parece correcto afirmar que el Estado mexicano no está buscando a las personas desaparecidas. Tampoco parece prudente afirmar que ya hace todo lo que podría hacerse. La realidad probablemente se encuentra en un punto intermedio.
Hay esfuerzos reales. Hay instituciones trabajando. Hay servidores públicos dedicados a la búsqueda, la investigación y la identificación de personas. Al mismo tiempo, persisten limitaciones importantes y una crisis cuya dimensión continúa rebasando las capacidades disponibles.
En una sociedad democrática, exigir más resultados es legítimo. Pero también es importante distinguir entre la crítica basada en evidencias y la descalificación automática.
La tragedia de las desapariciones merece algo mejor que los eslóganes políticos. Merece una discusión seria sobre qué está haciendo el Estado, qué podría hacer mejor y qué capacidades necesita fortalecer para responder a uno de los desafíos más dolorosos que enfrenta el país.
Al final, la pregunta no es solamente cuántas personas han sido encontradas. La pregunta también es si estamos construyendo un Estado cada vez más capaz de encontrarlas.
