En tiempos de polarización política, una de las tareas más difíciles del periodismo consiste en distinguir entre una afirmación, una inferencia y una prueba. No es una discusión académica: de esa diferencia depende buena parte de la credibilidad de los gobiernos, de los medios de comunicación y de las propias instituciones democráticas.
La reciente controversia entre México y Estados Unidos por el caso de Ismael El Mayo Zambada ofrece un ejemplo ilustrativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la violencia desatada en Sinaloa fue consecuencia de un acuerdo entre autoridades estadounidenses y una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Es una afirmación de enorme trascendencia, pero también es importante observar cómo llegó a ella.
No apareció como una frase política aislada sino que se apoyó en una secuencia de hechos conocida por la opinión pública: la entrega de Joaquín Guzmán López a autoridades estadounidenses; la presencia, en el mismo vuelo, de Ismael El Mayo Zambada; la afirmación de este último de que fue llevado contra su voluntad; el reconocimiento posterior de la participación de Joaquín Guzmán López en ese secuestro; la preparación de las autoridades estadounidenses para recibir la aeronave; las contradicciones surgidas en las explicaciones oficiales sobre el grado de participación de agencias de Estados Unidos; y, finalmente, la guerra interna que estalló entre las facciones del cártel y que incrementó la violencia en Sinaloa.
¿Demuestra esa cadena, por sí sola, que existió un acuerdo? No se puede afirmar que hubo un acuerdo explícito y documentado, pero sí permite comprender de dónde surge la inferencia presidencial. Puede discutirse, aceptarse o rechazarse siempre que haya argumentos sólidos o evidencias en sentido contrario, pero hasta el momento no ha aparecido nada que haga pensar diferente. En cambio nadie puede afirmar que el argumento de la presidenta carezca de un razonamiento lógico identificable.
Esa observación conduce a una reflexión más amplia.
Con frecuencia, desde distintos ámbitos políticos y mediáticos de Estados Unidos se lanzan acusaciones contra el Estado mexicano, afirmando o insinuando que existe una relación de complicidad con organizaciones criminales. Son señalamientos de enorme gravedad, pues cuestionan la legitimidad de las instituciones mexicanas y afectan la relación bilateral.
Precisamente por esa gravedad, tales afirmaciones deberían satisfacer el mismo estándar de razonamiento que hoy presenta México. Si se sostiene que el gobierno mexicano mantiene acuerdos con organizaciones criminales, no basta con repetir la acusación ni con convertirla en un eslogan político. Es indispensable presentar documentos, testimonios corroborados, comunicaciones verificables o, al menos, una secuencia pública de hechos que conduzca razonablemente a esa conclusión.
De lo contrario, la acusación de que México pacta con el crimen deja de ser una inferencia sustentada y se convierte en una narrativa simple y vulgar que no sirve más que para fines electorales en Estados Unidos y para alimentar la narrativa de la oposición política y mediática de México.
Las narrativas tienen una enorme fuerza política. Pueden influir en procesos electorales, justificar decisiones diplomáticas, fortalecer determinadas posiciones ideológicas e incluso moldear la percepción internacional de un país. Pero una narrativa no sustituye a las pruebas.
Este principio debería aplicarse con el mismo rigor en cualquier dirección. Si un funcionario mexicano acusa a otro gobierno, debe explicar de dónde obtiene sus conclusiones. Si un funcionario estadounidense acusa al gobierno mexicano, debería asumir exactamente la misma carga argumentativa. La nacionalidad del acusador no modifica el estándar de evidencia.
El periodismo también tiene una responsabilidad en este punto. Su función no consiste en amplificar automáticamente las declaraciones de quienes detentan el poder, sino en preguntar qué hechos las sostienen. Cuando esa exigencia desaparece, el debate público deja de construirse sobre evidencias y comienza a edificarse sobre percepciones, prejuicios o conveniencias políticas.
Quizá esa sea la lección más importante de este episodio. En una democracia, las diferencias de interpretación son inevitables. Lo que no debería ser negociable es el método para llegar a ellas. Porque una conclusión fundada en hechos puede discutirse; una acusación sin sustento termina alimentando únicamente la polarización.
La exigencia de pruebas y de razonamientos verificables no protege a un gobierno en particular. Protege a la verdad como punto de partida del debate público. Quien acusa debe mostrar el camino que conduce a su acusación. Y esa debería seguir siendo una de las obligaciones fundamentales del periodismo.
