La detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, acusado de presuntos vínculos con una organización criminal, permite mirar más allá de un caso individual. Las acusaciones deberán probarse ante los tribunales y las responsabilidades personales no pueden diluirse. Pero más allá del caso de Juchitán existe un problema estructural que merece atención: muchos gobiernos municipales son considerablemente más débiles que las organizaciones criminales que operan dentro de su territorio.
El municipio es precisamente el lugar donde el crimen ejerce buena parte de su poder cotidiano: amenaza, extorsiona, controla actividades y disputa territorios. Frente a organizaciones con dinero, armas, vehículos, redes de información y presencia regional, puede encontrarse una policía municipal pequeña y con recursos limitados.
Hay además una vulnerabilidad particular: los alcaldes y policías viven no en una localidad lejana sino ahí mismo donde gobiernan y donde trabajan. Los delincuentes, por localidad tanto, pueden conocer sus domicilios, sus familias, las escuelas de sus hijos e incluso ser vecinos, conocidos o hasta familiares.
Por eso, combatir la infiltración criminal de los municipios no puede ser responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos. Requiere respaldo permanente y coordinado de los gobiernos estatales y federal: inteligencia, investigación, vigilancia institucional y, especialmente, protección para autoridades y policías amenazados y sus familias.
La autonomía municipal no debería significar dejar solo al municipio frente a una organización que puede ser mucho más poderosa que él.
Comprender pero no exonerar
Nada de esto elimina la responsabilidad de un presidente municipal, policía o funcionario que voluntariamente colabora con la delincuencia. Quien utiliza el poder público para proteger criminales debe ser investigado y, cuando corresponda, sancionado.
Pero el castigo al delito no nos exime de la responsabilidad de comprender sin exonerar. No todas las relaciones entre autoridades y delincuentes comienzan de la misma manera.
Imaginemos a una persona que llega honestamente a una presidencia municipal con el propósito firme de ayudar a prosperar a su municipio. Poco después recibe una exigencia: nombrar a determinada persona, permitir ciertas actividades o proporcionar información. Sí se niega comienzan las amenazas contra su familia. Piensa renunciar y recibe una segunda advertencia: renunciar tampoco lo protegerá.
La situación es terrible porque reduce dramáticamente las alternativas. Una cosa es la autoridad que busca deliberadamente el acuerdo criminal para enriquecerse o adquirir poder. Otra, la que inicialmente es sometida mediante amenazas. Y puede existir una tercera: quien comenzó actuando bajo coacción y posteriormente terminó formando parte de la estructura de complicidades.
El policía tampoco puede escapar fácilmente
La situación puede ser todavía más delicada para los policías municipales.
Al terminar su turno no desaparecen del territorio. Regresan a su casa, llevan a sus hijos a la escuela y conviven en la misma comunidad. Una organización criminal puede saber perfectamente quiénes son ellos y quiénes son sus familiares.
Por eso no basta con exigir honestidad y valentía. El Estado tiene que proporcionar condiciones para ejercerlas.
Un policía o alcalde amenazado debería disponer de canales confidenciales para solicitar ayuda, protección efectiva para su familia y respaldo estatal o federal suficiente para resistir las presiones. En circunstancias extremas tendría que existir incluso la posibilidad de traslado y protección posterior al abandono del cargo.
El apoyo estatal y federal debe comenzar antes de cometer el delito
La coordinación estatal y federal suele hacerse visible cuando ocurre una detención importante, pero el reto tanto de mediano como de largo plazo, consiste en intervenir antes de que el crimen consiga penetrar o someter al gobierno municipal.
Esto supone fortalecer las policías locales, profesionalizarlas y mejorar sus condiciones laborales, pero también establecer supervisión externa, controles sobre información sensible, mecanismos seguros de denuncia e inteligencia capaz de identificar intentos de infiltración.
No se trata de convertir los ayuntamientos en dependencias de los gobiernos estatales o federal. Se trata precisamente de proteger su capacidad para gobernar.
El caso de Juchitán deberá resolverse conforme a las pruebas y al debido proceso. Pero independientemente de su desenlace, deja sobre la mesa una cuestión nacional mucho más amplia: un municipio puede ser autónomo frente al gobierno estatal y federal y, al mismo tiempo, ser demasiado débil para conservar esa autonomía frente al crimen organizado.
La solución no consiste en disminuir la responsabilidad de alcaldes y policías, sino en conseguir que quienes quieran cumplirla honestamente no tengan que enfrentar solos organizaciones capaces de amenazarlos a ellos y a sus familias.
Proteger al municipio también es protegerlo del poder criminal que pretende gobernar sobre él.
