Una comisión de la ONU respaldó los límites de la plataforma continental mexicana en el oriente del Golfo. El resultado da certeza sobre los recursos del fondo marino y muestra lo que México puede conseguir utilizando ciencia, acuerdos y diplomacia sostenida.
Cuando desde Washington se habla del Golfo de México como si bastara cambiarle el nombre para hacerlo propio, vale la pena mirar lo que acaba de conseguir nuestro país. Después de casi quince años de trabajo, México obtuvo el respaldo de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU a los límites que propuso para la parte mexicana del Polígono Oriental del Golfo. Es una buena noticia para un país que tiene mucho que defender en esa región y que cuenta con herramientas para hacerlo.
La decisión técnica se tomó el 16 de julio y el 10 de noviembre, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, se generó el resumen de las recomendaciones de la Comisión. Puede sonar a un simple trámite, pero tiene una consecuencia concreta: da certeza sobre hasta dónde llegan, en esa zona, los derechos exclusivos de México para explorar el fondo marino y aprovechar los recursos que se encuentren en él.
¿Qué puede decidir México?
Imaginemos un barco que cruza el Golfo. Una cosa es el agua por la que navega y otra, el fondo marino que queda debajo. La decisión de la ONU se refiere a ese fondo y al subsuelo, en una zona que se extiende más allá de las 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros medidos desde las líneas de base. Las aguas que lo cubren conservan su régimen jurídico.
Si en la parte mexicana de ese polígono se encontrara un yacimiento de petróleo o gas, su exploración y aprovechamiento quedarían sujetos al consentimiento de México. Eso es lo que significa que los derechos sean exclusivos. Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los límites que el país establezca con base en esas recomendaciones son definitivos y obligatorios. La Cancillería anunció que depositará ante la ONU las cartas y los datos que describen esos límites.
Un trabajo que atravesó varios gobiernos
México presentó su solicitud en 2011. En 2017 firmó con Cuba y Estados Unidos sendos tratados de delimitación en el oriente del Golfo. En junio de 2025 actualizó su expediente para incorporar esas líneas y en octubre del mismo año expuso ante la Comisión el sustento técnico y jurídico de la propuesta. En ese trabajo participaron la Cancillería, el INEGI, la Secretaría de Marina, el Servicio Geológico Mexicano y Pemex.
Esa continuidad también merece atención. Los datos reunidos por especialistas, las negociaciones con los vecinos y la defensa del expediente ante la ONU fueron parte de una misma tarea que se sostuvo durante varios gobiernos. Cuando llegó el momento de presentar su posición, México tenía estudios para demostrar hasta dónde se prolonga su plataforma continental y acuerdos para sustentar las líneas que propuso.
Una razón para tener confianza
En su discurso inaugural de enero de 2025, Donald Trump anunció que cambiaría el nombre del Golfo de México por «Golfo de América». Lo dijo hablando del Golfo entero, aunque la orden que firmó ese mismo día se refería a la parte estadounidense, pero el anuncio dejó una pregunta que iba más allá del nombre: ¿quién decide hasta dónde llegan los derechos de cada país en el Golfo? Para el fondo marino, la respuesta está en el derecho internacional y en los acuerdos entre los países vecinos. Ahí se entiende mejor lo que México acaba de conseguir.
Por eso la noticia de esta semana es importante, porque frente a un vecino con capacidad para imponer sus temas en la conversación pública, México ha mostrado que también tiene capacidad para defender sus intereses con resultados concretos.
En una parte estratégica del Golfo, el país cuenta hoy con mayor certeza para decidir sobre los recursos que le corresponden. Llegar hasta aquí tomó años. Y justamente ahí hay una razón para tener confianza en lo que México puede hacer cuando sostiene una tarea de Estado.
