El Senado de la República aprobó este 29 de septiembre, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana. La modificación a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales alcanzó así la mayoría calificada y continúa ahora su recorrido por las legislaturas de los estados.
Con esta reforma constitucional México no está prohibiendo la doble nacionalidad ni discutiendo el derecho de sus ciudadanos a tenerla. Un mexicano podrá continuar teniendo dos o más nacionalidades. La disposición se limita a quienes voluntariamente pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal o el de alguna entidad federativa. Si poseen otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. La reforma está prevista para aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
Como se trata de una reforma constitucional, la aprobación del Congreso de la Unión todavía no concluye el procedimiento. El artículo 135 de la Constitución exige además la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, es decir, al menos 17 de las 32. Cumplido ese requisito podrá realizarse el cómputo y la declaratoria correspondiente y posteriormente publicarse el decreto.
No se trata de medir el patriotismo
El argumento de fondo no necesita entrar en el corazón de las personas para determinar a cuál de sus países quieren más. Tampoco supone que un mexicano con doble nacionalidad sea desleal, o menos patriota o menos mexicano.
El problema es de otra naturaleza: la nacionalidad establece un vínculo jurídico y político entre una persona y un Estado. Tener dos nacionalidades significa mantener simultáneamente dos vínculos nacionales, independientemente de los sentimientos personales.
Para cualquier ciudadano tener doble nacionalidad puede resultar perfectamente legítimo y ofrecer además importantes ventajas familiares, laborales, migratorias y personales. Pero la responsabilidad de gobernar plantea una circunstancia excepcional.
¿Qué ocurriría si México y el segundo país del gobernante enfrentaran intereses contrapuestos? ¿A cuál Estado debería lealtad quien tiene la responsabilidad constitucional de defender los intereses mexicanos?
La reforma pretende sencillamente que esa pregunta nunca tenga que hacerse. De ahí la expresión utilizada por la presidenta Claudia Sheinbaum: quien gobierne México no debe tener “dos banderas o dos pueblos”. Más allá de la fuerza política de la frase, existe detrás una cuestión institucional: una responsabilidad excepcional puede justificar requisitos excepcionales.
Una idea que ya existe en el orden jurídico mexicano
El principio tampoco es extraño a nuestra Constitución. El artículo 32 ya contempla reservas de nacionalidad para determinadas funciones públicas, y la legislación mexicana prevé mecanismos para quienes poseen otra nacionalidad y pretenden desempeñar responsabilidades que requieren exclusivamente la mexicana.
Durante la discusión legislativa se ha recordado que la Ley de Nacionalidad contempla incluso la renuncia expresa a vínculos de “sumisión, obediencia o fidelidad” hacia otro Estado para determinados supuestos.
Detrás de esta ley en proceso de aprobación hay una lógica preventiva. No se necesita esperar a que aparezca un conflicto concreto ni demostrar anticipadamente que alguien actuaría contra México. Se elimina jurídicamente la posibilidad del conflicto antes de que exista.
La oposición y un debate que frecuentemente se desvía
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron la reforma. Entre sus argumentos está que poseer otra nacionalidad no disminuye el patriotismo de una persona y que la disposición restringe los derechos políticos de mexicanos binacionales. Ésta es una objeción que merece discutirse: la reforma efectivamente establece una condición adicional para acceder a determinados cargos.
Pero una parte de la argumentación opositora volvió a desplazarse hacia la confrontación política. Ricardo Anaya calificó anteriormente la iniciativa como una “cortina de humo” destinada, según él, a evitar que se hablara de presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado. Durante el debate de este martes también aparecieron acusaciones de pactos con el crimen organizado y referencias a otros problemas de seguridad del país.
Esos señalamientos pueden formar parte de otras discusiones políticas, pero no responden por sí mismos al contenido de esta reforma. Afirmar que existen problemas más graves tampoco demuestra que México no deba legislar simultáneamente sobre otros asuntos.
Más atendible resulta discutir si la restricción es proporcional, en qué momento debe renunciarse a la segunda nacionalidad o cómo debe acreditarse jurídicamente esa renuncia.
La opinión desde Estados Unidos
Larry Rubin, representante del Partido Republicano estadounidense en México, también pidió al Senado rechazar la reforma bajo el argumento de que doble nacionalidad no significa doble lealtad.
Su opinión puede incorporarse al debate, pero no tiene un peso institucional especial en una decisión constitucional que corresponde exclusivamente a México.
Y nuevamente aparece la distinción fundamental: la reforma no pretende determinar la lealtad emocional de nadie. Busca evitar que quien gobierne mantenga simultáneamente un vínculo jurídico-político de nacionalidad con otro Estado.
México seguirá reconociendo la doble nacionalidad. Millones de mexicanos podrán conservarla y ejercer los derechos correspondientes. Lo que está planteando esta reforma es considerablemente más limitado y, al mismo tiempo, más profundo: quien voluntariamente decida aspirar a gobernar una entidad federativa o la República deberá optar por mantener un solo vínculo nacional.
No porque tener dos nacionalidades convierta a alguien en sospechoso, sino porque quien gobierna México no debería enfrentar nunca un conflicto respecto de cuál es el Estado cuyos intereses está obligado a defender.
