Entre el 17 y el 19 de abril de 2026 se desarrolló un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. La operación pudo mantenerse en condiciones manejables ante los medios de comunicación, pero adquirió otra dimensión cuando, el 19 de abril, un accidente carretero provocó la muerte de dos integrantes de la Fiscalía estatal y dos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA. El accidente abrió una controversia sobre la presencia de agentes extranjeros y las funciones que habían desempeñado en territorio mexicano.
En los días siguientes, el gobierno federal pidió esclarecer quién había autorizado esa participación. Lo que desató la polémica fue que la operación no se limitó al intercambio de inteligencia con Estados Unidos, es decir, información de datos, ubicaciones, actividades, volumen de operaciones, etc., sino que se permitió que agentes extranjeros intervinieran directamente en operaciones de seguridad en México. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la cooperación bilateral debía respetar la soberanía y las atribuciones de las autoridades mexicanas.
El 24 de abril se creó una unidad especial de la Fiscalía de Chihuahua para investigar el operativo. Tres días después, César Jáuregui Moreno presentó su renuncia como fiscal general del estado. Reconoció inconsistencias en la información que había difundido inicialmente y fallas en los mecanismos institucionales de control y comunicación. Admitió responsabilidad política y señaló que los resultados contra el crimen organizado no justificaban apartarse de la ley.
La renuncia no cerró el caso. El 27 de mayo, Jáuregui compareció como testigo ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez. Al salir, explicó que había respondido un cuestionario y que esperaba contribuir al esclarecimiento de los hechos. En ese momento acudió al citatorio y se retiró en libertad.
Casi seis meses después del operativo, el asunto pasó a la persecución judicial del exfuncionario. El 16 de octubre, el juez Luis Alberto Simental Ortega, del Distrito Judicial Morelos, emitió una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía estatal, dentro de la causa penal 3055/2026. La resolución comprendió también a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro.
La mañana del 17 de octubre, agentes estatales interceptaron a Jáuregui cuando circulaba por la avenida La Cantera, en el cruce con Washington, en la ciudad de Chihuahua. La captura inicial correspondió a la causa local por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía estatal, explicó que se investigaban las omisiones en la cadena de mando y los protocolos del operativo.
Ese mismo día, Ernestina Godoy, titular de la FGR, anunció una orden federal contra Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional. La acusación federal sostiene que habría permitido la intervención no autorizada de extranjeros en funciones reservadas a las autoridades mexicanas. Se abrieron así dos vías penales distintas alrededor de los mismos acontecimientos.
Con la información disponible la mañana del 18 de octubre, Jáuregui había pasado la noche bajo jurisdicción estatal y su audiencia se había aplazado a petición de la defensa. La captura de Zuany no estaba confirmada. El proceso apenas comienza: las acusaciones deberán sostenerse ante los tribunales.
Esta secuencia permite plantear una hipótesis política: concentrar las responsabilidades en el exfiscal puede ofrecer una salida que atienda la exigencia de responder por la intervención extranjera y, al mismo tiempo, contenga el conflicto con la gobernadora María Eugenia Campos. La Federación sostiene su posición sobre la soberanía, mientras las autoridades estatales muestran que también persiguen posibles irregularidades.
El efecto sería evitar que el caso escalara al procesamiento de una gobernadora opositora, con sus consecuencias institucionales y la previsible disputa sobre una persecución política. Que la captura procediera de una investigación estatal hace especialmente relevante esta lectura: la actuación contra Jáuregui provino también de las instituciones de Chihuahua.
La hipótesis es que el procesamiento de Jáuregui puede ofrecer una salida políticamente conveniente para ambos gobiernos: la Federación responde ante la participación no autorizada de agentes extranjeros y el gobierno de Chihuahua concentra el costo en el exfiscal, sin comprometer judicialmente a la gobernadora.
Esto no demuestra que exista un acuerdo, pero permite comprender cómo una misma actuación penal puede atender la exigencia de justicia y contener un conflicto político de mayores dimensiones.
