
La salida anticipada de Isabel Díaz Ayuso de México no puede leerse seriamente como una expulsión política ni como una persecución gubernamental. Hasta ahora, la acusación de la Comunidad de Madrid sobre una supuesta amenaza del gobierno mexicano contra Xcaret no ha sido probada públicamente y fue desmentida de manera categórica por el propio Grupo Xcaret, que asumió la decisión de solicitar el retiro de la invitación para evitar que los Premios Platino fueran usados como plataforma política.
El fondo del caso está en otro lugar: Ayuso no lastimó a México por su presencia, sino por sus declaraciones. Llegó al país en medio de una tensión histórica abierta entre México y España, y eligió reivindicar el legado de la Conquista, defender el mestizaje en términos celebratorios y presentar como odio o atraso la memoria crítica de los pueblos que fueron sometidos.
RTVE documentó que Ayuso había dicho estar “inmensamente orgullosa” del legado español en México, defendió a Hernán Cortés como “padre del mestizaje” y sostuvo que España llevó a América “una nueva forma civilizada de ver la vida”.
Para una parte importante del pueblo mexicano, esas expresiones no son simples opiniones históricas. Tocan una herida viva: el despojo, la violencia colonial, la negación de los pueblos originarios y la costumbre de ciertas derechas españolas de hablar de América Latina como si todavía tuvieran autoridad moral sobre ella.
Por eso el rechazo no fue contra una visitante extranjera, sino contra una narrativa que muchos mexicanos percibimos como colonial, soberbia y ofensiva.
Ayuso pudo venir a México, hablar libremente, reunirse sin censuras , declarar y defender sus ideas sin impedimentos. Pero no por eso iba a contar con el aplauso de los mexicanos. La propia Sheinbaum sostuvo que tenía derecho a expresarse y que, si México fuera un gobierno represor, no se le habría permitido venir a decir lo que dijo.
La Secretaría de Gobernación también afirmó que no se intentó impedir ninguna de sus presentaciones públicas o privadas. Otra cosa muy distinta es que el pueblo haya salido a las calles, conforme a su derecho, para fijar la postura de los mexicanos.
Lo que ocurrió después fue otra cosa: una empresa privada, Grupo Xcaret, anfitriona de un evento cultural internacional, decidió que la presencia de Ayuso podía contaminar políticamente una gala dedicada al cine iberoamericano. Xcaret no habló de órdenes gubernamentales; habló de declaraciones desafortunadas y de una gira política en México.
La derecha más estridente intentó convertir el episodio en prueba de autoritarismo mexicano. Pero esa lectura ignora un hecho básico: no toda consecuencia pública frente a un discurso ofensivo es censura.
En una sociedad democrática, la libertad de expresión permite hablar, pero no obliga a los demás a aplaudir, invitar, patrocinar o entregar un escenario cultural a quien llega a herir sensibilidades históricas profundas.
El caso Ayuso muestra algo más amplio: México ya no acepta con docilidad que se le hable desde una superioridad colonial disfrazada de defensa de la libertad. Puede haber debate histórico, relación cultural y cooperación con España. Pero esa relación no puede construirse sobre la negación del agravio ni sobre la burla hacia quienes todavía cargan las consecuencias sociales, culturales y simbólicas de la Conquista.
La señora Ayuso no fue rechazada por ser española. Fue rechazada porque vino a México a decir, en distintos tonos, que el pueblo mexicano debía agradecer aquello que para muchos sigue siendo memoria de violencia, despojo y subordinación. Y esa diferencia importa.










