Blanca Yassahara Cruz García asumió el 27 de octubre la presidencia provisional del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Su designación, aprobada por unanimidad, busca dar continuidad a la organización de las elecciones de 2027 mientras la Cámara de Diputados selecciona a quien concluirá el periodo de la presidencia vacante, previsto hasta abril de 2032.
El relevo definitivo todavía no está resuelto. Al 28 de octubre, San Lázaro había recibido la notificación oficial del nombramiento provisional y la turnó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Ricardo Monreal, presidente de ese órgano, anunció el diálogo entre las fuerzas parlamentarias para acordar la convocatoria y el procedimiento de elección.
De acuerdo con las declaraciones recogidas ese día, la discusión de la convocatoria se prevé para la próxima semana. El proyecto circulado plantea admitir exclusivamente a mujeres, con el argumento de preservar una presidencia femenina y la integración paritaria del Consejo.
Se trata de una propuesta sujeta a revisión, no de una condición definitivamente aprobada.
La ruta constitucional contempla convocatoria pública, evaluación de aspirantes y una designación por dos terceras partes de los diputados presentes; si no se alcanza el acuerdo, existen mecanismos de insaculación. Monreal calculó inicialmente entre cuatro y cinco semanas para el procedimiento, una estimación que dependerá de los plazos que finalmente se aprueben. Mientras tanto, Cruz García permanecerá al frente del Instituto.
Abogada y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cruz García cuenta con más de una década de experiencia en organización electoral. Presidió el instituto electoral poblano desde 2022 y llegó al Consejo General del INE en abril de 2026. Su trayectoria combina trabajo operativo en las juntas electorales y conducción de un organismo local.
La transición ocurre mientras la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control revisan posibles irregularidades administrativas. Los señalamientos sobre contrataciones y vínculos con proveedores precedieron la salida de Taddei. La renuncia no acredita responsabilidad penal ni sustituye los procedimientos para determinar si hubo faltas y quiénes intervinieron.
Antes de rendir protesta, Cruz García anunció acuerdos para revisar el desempeño de los altos mandos, colaborar con las investigaciones y recuperar la conducción colegiada. Estas medidas abren dos tareas simultáneas: esclarecer la gestión administrativa y mantener la operación electoral sin interrupciones. Su alcance deberá evaluarse por su ejecución y resultados.
El problema de confianza tiene antecedentes distintos. Durante la presidencia de Lorenzo Córdova, diversas decisiones suscitaron controversias sobre imparcialidad y proporcionalidad; sus críticos también cuestionaron una concepción institucional vinculada con el orden neoliberal. En 2015, sus burlas sobre la manera de hablar de un representante indígena, por las que ofreció disculpas, generaron reclamos sobre el respeto a los pueblos originarios.
La gestión de Taddei enfrenta cuestionamientos de otra naturaleza, centrados ahora en la probidad administrativa. Distinguir esos planos permite evitar conclusiones automáticas: una sospecha sobre contratos no demuestra por sí misma parcialidad electoral, así como una resolución jurídicamente válida no impide examinar la consistencia de los criterios empleados.
Para la nueva conducción, la independencia tendrá que expresarse en decisiones verificables. Tener una trayectoria o convicciones políticas no determina necesariamente el ejercicio del cargo. El INE define la imparcialidad como la subordinación de las preferencias personales al interés público y a los valores democráticos.
En la práctica, eso implica aplicar criterios equivalentes a conductas comparables, justificar las diferencias y sancionar conforme a las pruebas. También exige evitar que la relación con el gobierno o los partidos se convierta en subordinación, o que la distancia política derive en hostilidad.
La independencia supone actuar sin obediencias ni enemistades partidistas.
El carácter colegiado será otro indicador. La presidencia coordina una institución con consejerías, áreas técnicas y personal profesional; la confianza no puede descansar únicamente en la reputación de quien ocupa el cargo. Contrataciones transparentes, decisiones públicas y controles efectivos permitirán valorar si el relevo modifica las prácticas que generaron dudas.
La presidencia provisional y la selección en Diputados forman parte de una misma transición, pero tienen responsabilidades diferentes. La primera debe asegurar continuidad y rendición de cuentas; la segunda, ofrecer un procedimiento de selección transparente y sustentado. El resultado será relevante para 2027: una autoridad capaz de proteger el voto sin favorecer ni combatir a ninguno de los contendientes.
