Un juez de Bogotá ordenó retirar temporalmente de las redes sociales oficiales unas publicaciones en las que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos durante operaciones militares.
La medida es provisional. Surgió de una acción de tutela que cuestiona, entre otras cosas, la posible afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes expuestos a imágenes violentas. Por tanto, todavía no existe una resolución definitiva que determine que el presidente haya violado derechos fundamentales.
Pero el aspecto más importante del episodio no esté en los tribunales sino en la política, pues De la Espriella no se limitó a informar que las fuerzas del Estado habían realizado una operación exitosa contra organizaciones armadas. Él fue más allá: apareció caminando entre los cuerpos, de tal manera que los cadáveres formaron parte de la comunicación presidencial.
Ahí comienza un fenómeno que América Latina necesita observar con atención: la transformación de la fuerza del Estado en espectáculo político. No cuestionamos que un gobierno tenga la obligación de combatir a organizaciones criminales o armadas que asesinan, extorsionan, secuestran o aterrorizan comunidades.
Tampoco sostenemos que todo uso de la fuerza pública constituya una violación de derechos humanos. Al contrario, creemos que un Estado democrático tiene no sólo el derecho, sino el deber de proteger a la población.
La pregunta es diferente: ¿para qué necesita un presidente exhibir los cadáveres de quienes fueron abatidos? La respuesta probablemente tiene que buscarse en el terreno de la comunicación política.
Durante los últimos años, Nayib Bukele convirtió la seguridad pública salvadoreña en un referente continental. Su gobierno ha conseguido resultados contra las pandillas que explican buena parte de su enorme popularidad, pero esos resultados han estado acompañados por estados de excepción, detenciones masivas y serios cuestionamientos en materia de derechos humanos. Su experiencia ya inspira propuestas de mano dura en distintos países latinoamericanos.
Podríamos estar ante lo que comienza a conocerse como el “efecto Bukele” que consiste en la aceptación social de medidas extraordinariamente severas cuando una población cansada de la delincuencia percibe que finalmente alguien está obteniendo resultados.
Lo que ha hecho Bukele y ahora también Abelardo de la Espriella, es mostrar que no basta con ejercer la fuerza: hay que mostrarla públicamente.
Pero una cosa es que un presidente informe que una operación militar terminó con 23 integrantes de una organización armada abatidos, y otra es caminar entre sus cadáveres ante las cámaras.
En el primer caso se comunica un resultado. En el segundo se construye una representación del poder: aquí están los enemigos derrotados y aquí está el gobernante que tuvo la decisión de enfrentarlos.
La diferencia no es menor. La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, planteó precisamente esa preocupación. Reconoció que enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales es un deber constitucional, pero advirtió que los cadáveres no deberían convertirse en parte de la escenografía de una declaración pública, porque incluso suponiendo que todos los muertos fueran efectivamente integrantes de organizaciones criminales y que las operaciones fueran completamente legales, la muerte de un enemigo no elimina su condición humana ni convierte su cadáver en instrumento legítimo de propaganda política.
Esa fue, esencialmente, la objeción de la defensora del Pueblo colombiana, Iris Marín: el Estado puede combatir a quienes delinquen sin imitar la lógica de deshumanización de los propios grupos criminales.
Ese señalamiento merece atención porque existe una trampa política particularmente eficaz alrededor de estas imágenes. Sí alguien cuestiona los excesos del Estado, puede ser presentado inmediatamente como defensor de los delincuentes. El debate deja entonces de ser si el Estado debe respetar determinados límites y se transforma en una falsa elección: o estamos con quienes combaten a los criminales o estamos con los criminales. Y no es así.
El Estado puede combatir la delincuencia con toda la fuerza que permita la ley y, al mismo tiempo, negarse a convertir la muerte en propaganda. Y precisamente porque se trata del Estado, existen límites que no deberían depender de la identidad, los delitos o la crueldad de quien se encuentra enfrente. Los derechos humanos tienen sentido justamente cuando protegen incluso a quien resulta profundamente repudiable.
El problema que deja Colombia, por tanto, es mucho mayor que unas publicaciones en Instagram. Estamos ante una pregunta que probablemente recorrerá América Latina durante los próximos años: ¿hasta dónde están dispuestas nuestras sociedades a tolerar excesos del Estado cuando perciben que esos excesos producen seguridad?
La experiencia de Bukele demostró que la sociedad permite violentar los derechos humanos de las personas que percibe como delincuentes. Y eso coloca a las democracias ante un desafío difícil. No basta con denunciar los excesos del Estado ante organismos internacionales, tribunales o instituciones defensoras de derechos humanos. También habrá que comprender por qué una población cansada de vivir con miedo puede terminar aplaudiendo los excesos del Estado.
Un juez puede ordenar retirar la fotografía del presidente exhibiendo los cadáveres de los delincuentes. Lo que ninguna sentencia puede retirar es la demanda social que hizo políticamente rentable publicarla.
