La ministra de la Suprema Corte obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. ¿Qué evidencia permite juzgar la calidad del programa y la preparación de quien egresa de él?
El 6 de noviembre, la ministra Lenia Batres Guadarrama mostró el título de doctora en Derecho Constitucional que recibió de la Universidad Tepantlato. De hecho el posgrado ya figuraba como estudio en curso en el currículum que presentó ante el Instituto Nacional Electoral en 2025. Lo que llama la atención es que algunos medios critican abiertamente el doctorado obtenido por la ministra por el tamaño de las instalaciones y el bajo renombre de la universidad para sembrar la idea de que la ministra recibió una formación deficiente.
Quien afirma que estudiar en Tepantlato explica una supuesta falta de preparación profesional tiene que demostrar cómo llegó a esa conclusión. ¿Qué deficiencias encontró en el doctorado? ¿En qué trabajos de los egresados se pueden observar? Y si lo que cuestiona es el desempeño como ministra, ¿en qué proyectos, votos o intervenciones se manifiestan? Y aún así, tendrían que demostrar la relación entre el desempeño profesional de un egresado y la institución que lo graduó.
Qué se puede evaluar en un doctorado
Es verdad que la universidad influye en la formación, en la perspectiva del estudiante y hasta en el nivel de exigencia en la profundidad del desempeño profesional. Incluso importa quién enseña, qué experiencia tiene para orientar una investigación, cuánto tiempo dedica a las tutorías y cómo se evalúa a los estudiantes. Las instalaciones también cuentan por lo que permiten hacer en la formación de estudiantes. Pero descalificar o minimizar un grado académico por el renombre de la institución, no muestra más que un pobre criterio elitista y editorial.
Para un doctorado en Derecho Constitucional, disponer de bibliografía especializada, acceso a jurisprudencia y espacios de discusión académica tiene más valor que contar con un edificio imponente. Una fotografía de la fachada difícilmente revela qué tan exigente es un seminario o qué calidad tienen los trabajos que se discuten en él.
La Universidad Tepantlato publica el reconocimiento de validez oficial número 20121434 para su doctorado en Derecho Constitucional. Ese reconocimiento supone que el programa acreditó ante la autoridad requisitos relativos al plan de estudios, la planta docente y las instalaciones.
Si se afirma que el doctorado carece de las condiciones que justifican ese reconocimiento, corresponde señalar cuáles incumple y demostrarlo. Y si se sostiene que Lenia Batres recibió una formación deficiente, hace falta mostrar en qué consistió esa deficiencia y cómo se refleja en su preparación. El tamaño del plantel y la fama de la universidad son insuficientes para sostener cualquiera de esas afirmaciones.
Incluso si una revisión encontrara deficiencias en el programa, todavía quedaría por examinar la preparación de la egresada. Dos personas pueden cursar el mismo doctorado con los mismos profesores y mostrar capacidades distintas al investigar, interpretar una norma o defender una conclusión. Una evaluación del programa ayuda a entender las condiciones en las que estudiaron, pero la calidad de sus trabajos exige una revisión propia.
Una visión elitista de la preparación profesional
La visión elitista aparece cuando el prestigio de la institución se convierte en un veredicto sobre la persona. Al un egresado de una universidad famosa se le presume capacidad desde que presenta su título. Al de una escuela poco conocida se le atribuyen carencias antes de leer una página de su trabajo. En la discusión sobre Batres, esa forma de razonar tiene un efecto político concreto. La sospecha sobre el doctorado se traslada a su actuación en la Suprema Corte sin señalar dónde se advierte la supuesta falta de preparación.
El cargo de ministra justifica un escrutinio exigente. Si un proyecto de Batres interpreta mal una norma, se debe citar el pasaje y explicar el error. Si un voto se aparta de un precedente, cabe preguntar cómo lo justifica. Y si hipotéticamente tuviera errores en su desempeño, en seguida habría que demostrar que la causa es la institución en que estudió.
El expresidente Felipe Calderón obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Sin embargo en su función pública no destacó por sus conocimientos académicos. El expresidente Enrique Peña Nieto cursó una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y tampoco dio muestras de ser un funcionario de alto nivel académico.
Si el cuestionamiento de los medios sobre la ministra Batres se refiere a su doctorado, lo que corresponde es examinar el programa y el trabajo académico con el que obtuvo el grado. Es la misma exigencia que cabe aplicar a cualquier integrante de la Corte, venga de una universidad conocida o de una cuyo nombre apenas empieza a circular en el debate público.
