La Nueva Escuela Mexicana nació con la intención de transformar la educación básica desde una visión más humanista, comunitaria e integral. Su propuesta ha despertado adhesiones y críticas, pero existe una pregunta que trasciende cualquier postura política: ¿cómo sabrá la sociedad si el nuevo modelo educativo está alcanzando los objetivos para los que fue creado?
Cuando un país emprende una gran transformación educativa, el debate no debería limitarse a si el nuevo modelo gusta o no. La verdadera prueba llega con el paso del tiempo y con la evidencia.
La Nueva Escuela Mexicana plantea cambios importantes respecto a modelos anteriores. Promueve el aprendizaje por proyectos, el trabajo colaborativo, la vinculación con la comunidad, la formación humanista y una evaluación más formativa que punitiva.
La Secretaría de Educación Pública ha explicado que evaluar no significa únicamente asignar una calificación o aplicar un examen estandarizado, sino acompañar el proceso de aprendizaje de cada estudiante mediante observaciones, proyectos, portafolios y diversas evidencias.
Ese planteamiento tiene fundamentos pedagógicos reconocidos internacionalmente y responde a una discusión que desde hace años existe en numerosos sistemas educativos. Sin embargo, una pregunta permanece abierta.
¿Cómo podrá la sociedad evaluar, dentro de cinco o diez años, si la Nueva Escuela Mexicana alcanzó los resultados que se propuso?
No se trata de regresar necesariamente a los antiguos esquemas de evaluación ni de reducir el aprendizaje a un número. Se trata de que toda política pública de gran alcance cuente con mecanismos claros de rendición de cuentas.
México destina cada año cientos de miles de millones de pesos a la educación básica. Padres de familia, docentes, estudiantes y contribuyentes tienen derecho a conocer cuáles son los objetivos concretos del nuevo modelo y qué indicadores permitirán verificar si esos objetivos se están cumpliendo.
Algunas preguntas parecen inevitables. ¿Ha mejorado la comprensión lectora?, ¿Los estudiantes resuelven mejor problemas matemáticos?, ¿Disminuyó el abandono escolar?, ¿Se fortaleció la convivencia dentro de las escuelas?, ¿Los alumnos desarrollan mayores capacidades para trabajar en equipo, participar en su comunidad y ejercer un pensamiento crítico?
La propia naturaleza de la Nueva Escuela Mexicana invita a ampliar los criterios de evaluación. Si el modelo busca formar ciudadanos más solidarios, responsables y participativos, esos aspectos también deberían medirse mediante indicadores confiables. No basta con conocer el promedio en matemáticas; también es válido evaluar la convivencia escolar, la participación de las familias, el bienestar de los estudiantes y la permanencia en las aulas.
Lo importante es que esos indicadores sean públicos, periódicos y comparables. Sólo así la ciudadanía podrá distinguir entre percepciones y resultados.
Un sistema de evaluación nacional no tendría como finalidad clasificar escuelas o etiquetar alumnos como “mejores” o “peores”. Su función sería ofrecer información para corregir políticas, fortalecer aquello que funciona y modificar aquello que no produce los efectos esperados.
La Nueva Escuela Mexicana merece ser evaluada con justicia. Ni debe ser condenada por prejuicios ideológicos ni declarada exitosa sin evidencia suficiente. La mejor defensa de cualquier reforma educativa son sus resultados.
Por ello, quizá el siguiente paso natural sea construir un conjunto de indicadores nacionales que permitan responder, con datos y no sólo con opiniones, una pregunta sencilla pero fundamental: ¿está logrando la Nueva Escuela Mexicana formar mejores ciudadanos y ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a las nuevas generaciones?
Cuando una política pública puede demostrar sus resultados, gana credibilidad. Y cuando la evaluación es transparente, también fortalece la confianza de la sociedad en sus instituciones.
