Las banquetas estrechas, los desniveles y las calles diseñadas para privilegiar al automóvil limitan la autonomía de millones de personas. El envejecimiento de la población mexicana hace cada vez más urgente transformar nuestras ciudades para garantizar una movilidad segura, accesible y digna.
Durante décadas, México ha construido ciudades pensando principalmente en la circulación de automóviles. Se han ampliado avenidas, construido distribuidores viales y multiplicado los espacios de estacionamiento, mientras las banquetas, destinadas a quienes caminan, frecuentemente han quedado reducidas a franjas estrechas, irregulares y llenas de obstáculos.
Hoy, cuando la población mexicana envejece y aumenta la necesidad de contar con entornos accesibles, las consecuencias de ese modelo urbano hecho para automóviles adquieren una dimensión social cada vez más peligrosa.
Una banqueta demasiado angosta puede parecer un problema menor para una persona joven que camina sin dificultades. Pero para un adulto mayor que utiliza bastón, una persona en silla de ruedas, alguien con discapacidad visual o una madre que lleva a su hijo en carriola, puede representar una barrera que le impida desplazarse con seguridad.
Una ciudad que obliga a sus habitantes a bajar de la banqueta para poder continuar su camino no está garantizando plenamente su derecho a la movilidad.
El problema no es solamente la herencia colonial
Querétaro ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo. En su centro histórico encontramos calles cuya configuración responde a una traza urbana de siglos anteriores, con banquetas tan estrechas que difícilmente permiten el paso simultáneo de dos personas.
Esta situación se repite en numerosos centros históricos de México, donde la conservación del patrimonio arquitectónico debe conciliarse con las necesidades actuales de movilidad. Sin embargo, sería equivocado atribuir el problema exclusivamente a la herencia colonial.
En colonias y fraccionamientos construidos durante las últimas décadas también encontramos banquetas insuficientes, interrumpidas por cocheras, invadidas por postes o transformadas en estacionamientos improvisados.
En estos casos no podemos responsabilizar a los urbanistas de hace trescientos años. Estamos frente a decisiones de planeación y construcción mucho más recientes, tomadas cuando ya se conocían las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad y las implicaciones del envejecimiento demográfico.
La pregunta resulta inevitable: ¿por qué seguimos construyendo espacios urbanos que dificultan el desplazamiento de una parte de sus habitantes?
La movilidad también determina la autonomía
El problema de las banquetas no se reduce a la comodidad de caminar. Para una persona mayor, poder salir de su vivienda, acudir a una consulta médica, comprar alimentos, visitar amistades o simplemente pasear por su colonia representa una parte fundamental de su autonomía.
Cuando el entorno urbano se vuelve peligroso, esas actividades pueden comenzar a reducirse. La persona depende cada vez más de familiares, acompañantes o vehículos para realizar tareas que antes podía resolver por sí misma.
Algo semejante ocurre con las personas con discapacidad motriz, quienes pueden encontrar obstáculos prácticamente insuperables en un recorrido que para otros habitantes parece sencillo.
Pero las necesidades de accesibilidad son mucho más amplias. También debemos considerar a las personas con discapacidad visual, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, familias con niños pequeños y trabajadores que transportan mercancías mediante carritos.
Incluso una persona sin ninguna limitación física puede experimentar dificultades al caminar por una banqueta irregular, oscura o invadida por vehículos.
Por eso, la accesibilidad no debe entenderse como una concesión destinada exclusivamente a determinados grupos sociales. Es una condición fundamental para que todas las personas puedan utilizar el espacio público en igualdad de condiciones.
Banquetas amplias: una necesidad reconocida en la normatividad mexicana
México no carece de criterios técnicos para construir calles accesibles. La NOM-004-SEDATU-2023, relativa a la estructura y diseño de vías urbanas, establece que la franja de circulación peatonal debe contar, como criterio general, con un ancho mínimo de 1.80 metros, libre de obstáculos en toda su longitud.
Para proyectos nuevos o de mejoramiento, también contempla banquetas con un ancho total mínimo de 2.50 metros en calles terciarias, 3.30 metros en secundarias y cuatro metros en vías primarias, con disposiciones específicas para zonas históricas.
Estas dimensiones nos permiten comprender la magnitud de las deficiencias que observamos cotidianamente en numerosas calles mexicanas, pero la accesibilidad no depende exclusivamente del ancho. Una banqueta amplia puede resultar inútil si presenta escalones, desniveles, pavimentos deteriorados o rampas de cocheras que interrumpen continuamente el paso.
También es indispensable contar con cruces peatonales seguros, superficies que permitan desplazarse con silla de ruedas, pavimentos táctiles para personas con discapacidad visual, iluminación suficiente y espacios de descanso.
La normatividad proporciona criterios para atender estas necesidades. El desafío consiste en trasladarlos a su cumplimiento en la construcción, conservación y transformación de nuestras ciudades.
Transformar las calles históricas sin destruir su patrimonio
En ciudades como Querétaro, Guanajuato, Puebla o San Miguel de Allende, las características de los centros históricos representan un desafío particular, pues no siempre es posible ampliar una banqueta sin modificar la configuración de una calle o afectar elementos de valor patrimonial. Sin embargo, conservar el patrimonio no significa que debamos mantener condiciones de movilidad que excluyan a una parte de la población.
Existen alternativas, por ejemplo en determinadas calles puede reducirse el espacio destinado a los automóviles, eliminarse estacionamientos o establecerse circulación vehicular en un solo sentido para ampliar las áreas peatonales.
En otras, pueden implementarse calles de plataforma única, donde peatones y vehículos circulen prácticamente al mismo nivel, con prioridad peatonal, velocidades muy reducidas y elementos que protejan a las personas más vulnerables.
La propia NOM-004-SEDATU-2023 contempla soluciones de tránsito mixto para zonas históricas donde no es posible disponer de banquetas con las dimensiones mínimas previstas.
Naturalmente, cada intervención debe considerar las características de la calle, las necesidades de sus residentes, los servicios de emergencia y la protección del patrimonio.
Lo que no resulta aceptable es considerar que una calle histórica debe permanecer inaccesible simplemente porque siempre ha sido así. El patrimonio de una ciudad debe conservarse para que las personas puedan disfrutarlo, no para que una parte de sus habitantes quede excluida de él.
Las nuevas colonias no tienen justificación para repetir los mismos errores
Si transformar un centro histórico implica resolver dificultades arquitectónicas y patrimoniales, construir una colonia nueva ofrece la oportunidad de evitar esos problemas desde el principio.
Por ello, los municipios deben revisar los criterios con los que autorizan nuevos fraccionamientos y desarrollos habitacionales, así como verificar que las obras entregadas cumplan las condiciones de accesibilidad aplicables.
Una calle no debería considerarse terminada simplemente porque cuenta con pavimento, alumbrado y espacio para estacionar vehículos, sino que también debe permitir que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse sin interrupciones, que un adulto mayor camine sin exponerse al tránsito vehicular y que alguien con discapacidad visual encuentre condiciones adecuadas para orientarse.
La accesibilidad debe incorporarse desde el diseño y no tratarse como una corrección posterior, cuando modificar la infraestructura resulta más complicado y costoso. Además, las autoridades deben atender la ocupación indebida de las banquetas por automóviles, mercancías, construcciones y otros obstáculos que reducen el espacio destinado a los peatones.
No tiene sentido invertir recursos públicos en infraestructura accesible si posteriormente se permite que su uso quede restringido por intereses particulares.
El envejecimiento poblacional exige una nueva política urbana
La transformación demográfica de México obliga a mirar las ciudades con una perspectiva de largo plazo. Las colonias donde actualmente viven familias jóvenes serán, dentro de algunas décadas, espacios habitados por una población de mayor edad. Las necesidades de movilidad cambiarán, pero las calles y banquetas permanecerán si no intervenimos oportunamente.
Los gobiernos municipales necesitan incorporar esta realidad a sus programas de desarrollo urbano y obra pública. Una estrategia razonable sería comenzar por identificar los recorridos cotidianos que conectan las viviendas con centros de salud, mercados, escuelas, parques, templos y paradas de transporte público.
A partir de ese diagnóstico podrían establecerse corredores prioritarios de accesibilidad, con banquetas continuas, cruces seguros, rampas adecuadas, iluminación, sombra y lugares de descanso.
Tanto en la planeación de un desarrollo urbano como en los correctivos a diseños consumados la participación de personas mayores y personas con discapacidad sería indispensable para identificar obstáculos que pueden pasar inadvertidos para quienes diseñan las obras.
Aquí no sugerimos reconstruir todas las calles al mismo tiempo, sino establecer un programa progresivo, con prioridades claras, presupuesto y mecanismos de evaluación. Tampoco se trata de enfrentar a peatones contra automovilistas. Se trata de reconocer que el espacio público es limitado y que su distribución debe responder a las necesidades de toda la población, especialmente de quienes enfrentan mayores riesgos al desplazarse.
Una ciudad digna es aquella que todos pueden recorrer
México ha comenzado a prestar mayor atención a las implicaciones económicas, sanitarias y familiares del envejecimiento de su población. Sin embargo, esa reflexión estará incompleta mientras no incorpore la transformación de nuestras ciudades.
Las pensiones contribuyen a la seguridad económica de los adultos mayores, los servicios de salud atienden sus necesidades médicas, las familias desempeñan una función fundamental en el acompañamiento y los cuidados, pero la posibilidad de caminar libremente por la ciudad también forma parte de una vida digna.
Una persona que no puede salir de su casa porque las banquetas son demasiado estrechas, están deterioradas o carecen de rampas adecuadas ve limitada su autonomía por condiciones que la sociedad tiene la capacidad de modificar.
Esa realidad no afecta exclusivamente a los adultos mayores. Las personas con discapacidad y quienes enfrentan dificultades temporales o permanentes de movilidad tienen derecho a utilizar los espacios públicos sin encontrar barreras que pudieron haberse evitado. La accesibilidad no es un lujo urbanístico ni una atención especial para determinados sectores: es una condición indispensable para ejercer plenamente el derecho a la ciudad.
México necesita transformar sus calles, particularmente aquellas donde las banquetas angostas y los obstáculos hacen prácticamente imposible el desplazamiento seguro de una parte de sus habitantes.
El envejecimiento de la población vuelve cada vez más urgente esa transformación, pero sus beneficios alcanzarán a toda la sociedad.
Una ciudad verdaderamente incluyente no es aquella que simplemente permite que las personas lleguen a sus destinos, sino aquella que les ofrece condiciones para hacerlo con seguridad, autonomía y dignidad, independientemente de su edad o condición física.
