La medida comenzará en octubre en primarias y secundarias. La evidencia científica respalda la necesidad de reducir las distracciones, pero advierte que prohibir los dispositivos no basta para modificar los hábitos digitales ni garantizar mejores resultados educativos.
El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) acordó por unanimidad restringir totalmente el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en las primarias y secundarias de México, a partir de octubre de 2026. En los niveles medio superior y superior, la regulación quedará sujeta a las decisiones de cada comunidad educativa.
El acuerdo, anunciado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, responde a una preocupación que comparten numerosos países: el creciente protagonismo de los teléfonos inteligentes en la vida de niñas, niños y adolescentes y sus posibles consecuencias sobre el aprendizaje, la convivencia y el bienestar emocional.
La decisión plantea una pregunta que merece una reflexión más profunda: ¿basta con retirar los celulares de las escuelas para resolver los problemas asociados con su utilización excesiva?
El problema no es solamente la distracción
Los teléfonos inteligentes ofrecen acceso inmediato a información, herramientas educativas y comunicación, lo cual podría ser un elemento de apoyo educativo, sin embargo, también permiten que las redes sociales, los videojuegos y las notificaciones compitan permanentemente por la atención de los estudiantes.
La lectura comprensiva, el razonamiento matemático y la resolución de problemas requieren concentración sostenida, pero las interrupciones frecuentes pueden dificultar estos procesos, especialmente durante etapas fundamentales del desarrollo cognitivo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha documentado que sí existe una estrecha relación entre las distracciones digitales, en las que destacan las redes sociales, y el desempeño escolar. Sus investigaciones distinguen entre el uso recreativo de celulares durante las clases, lo cual representa distracciones que afectan a la educación escolarizada, y el uso educativo de la tecnología, que bien aprovechada podría estimular el aprendizaje.
Pero existe otro problema que trasciende el rendimiento académico. Cuando los recreos se convierten en espacios de entretenimiento individual frente a una pantalla, reducen las oportunidades de conversar, jugar, establecer amistades y aprender a resolver desacuerdos.
Y es que la escuela no solamente transmite conocimientos, también constituye uno de los principales espacios de socialización de la infancia y la adolescencia. Recuperar ese espacio es uno de los posibles beneficios de la medida de prohibir el uso de celulares en la escuela.
¿Qué dice la ciencia sobre las prohibiciones?
La evidencia internacional permite afirmar que restringir los teléfonos puede disminuir la distracción durante las clases. Sin embargo, la ciencia no afirma con contundencia que la restricción del uso de teléfonos tenga efectos sobre el rendimiento académico y la salud mental.
Una investigación publicada en 2025 en The Lancet Regional Health – Europe, conocida como SMART Schools, comparó escuelas secundarias inglesas que tienen políticas restrictivas y las que son más permisivas.
Los investigadores encontraron que los estudiantes de escuelas restrictivas utilizaban menos sus teléfonos durante la jornada escolar. No obstante, no identificaron diferencias significativas en el tiempo total de utilización de los dispositivos ni en el bienestar mental de los adolescentes.
Esto significa que un estudiante puede permanecer varias horas sin teléfono dentro de la escuela y recuperar ese tiempo utilizándolo intensamente al regresar a casa. Entonces la restricción modifica las condiciones de acceso al dispositivo, pero no necesariamente transforma los hábitos personales.
Por lo tanto, no podemos esperar que la prohibición produzca automáticamente una recuperación de los resultados de México en las evaluaciones internacionales. Para lograrlo necesitamos incorporar más factores como la formación docente, los métodos pedagógicos, las condiciones familiares, los recursos escolares y las trayectorias educativas de los estudiantes.
El celular puede ser una fuente de distracción, pero retirarlo no resuelve por sí mismo las deficiencias estructurales del sistema educativo.
Una tendencia que ya alcanza a numerosos países
México no es el único en tomar estas medidas sino que se incorpora a una tendencia internacional. Según la UNESCO, en marzo de 2026 había 114 sistemas educativos con prohibiciones nacionales de teléfonos móviles en las escuelas.
Francia ha extendido las restricciones a distintos niveles educativos, mientras que Brasil estableció mediante una ley de 2025 limitaciones al uso de dispositivos electrónicos personales durante las clases y los recreos. En ambos países las medidas no son absolutas sino que se contemplan excepciones cuando hay necesidades pedagógicas, médicas o de accesibilidad.
Estas experiencias muestran que regular el uso de los teléfonos no significa excluir la tecnología de la educación, porque una cosa es impedir que un estudiante interrumpa una clase para consultar redes sociales y otra prohibirle utilizar una herramienta digital cuando existe una finalidad educativa justificada.
La UNESCO ha insistido en que la incorporación de tecnología a las escuelas debe responder a objetivos pedagógicos claros y no convertirse en un fin en sí mismo.
¿Qué sucederá con los estudiantes que dependen del celular?
Uno de los aspectos menos visibles de esta discusión es la relación emocional que algunos adolescentes han desarrollado con sus dispositivos. Para ellos, el teléfono no es solamente un medio de comunicación, sino que representa entretenimiento, reconocimiento social, pertenencia a un grupo y una forma habitual de enfrentar el aburrimiento o el malestar.
Cuando la relación adolescente-teléfono se restringe, pueden surgir inconformidad, ansiedad o irritabilidad. En determinados casos podrían presentarse discusiones intensas o conductas agresivas, especialmente cuando existen dificultades previas de autorregulación emocional.
Sin embargo, tampoco podemos decir que todos los estudiantes que protesten contra la medida padecen una dependencia clínica o que la restricción provocará necesariamente episodios de violencia, por eso la forma de aplicar las reglas será fundamental.
Una prohibición acompañada de explicaciones, acuerdos claros y orientación puede generar condiciones diferentes que cuando la aplicación se basa en amenazas, confiscaciones y castigos.
Los docentes necesitan procedimientos o protocolos claros para atender los incumplimientos a las nuevas reglas, mientras que los estudiantes con dificultades graves para regular el uso de dispositivos requerirán acompañamiento psicológico y colaboración familiar.
La estrategia nacional ABC de las Emociones, impulsada por la SEP, podría contribuir a este proceso mediante herramientas de educación emocional.
No obstante, debe quedar claro que educar para la autorregulación es una tarea más amplia que retirar temporalmente un dispositivo.
Las familias también forman parte de la solución
La SEP informó que, en una consulta nacional, el 81% de los docentes participantes manifestó estar a favor, no de una prohibición absoluta, pero sí de establecer reglas para el uso de celulares en las escuelas, Sin embargo la opinión de los docentes no basta, también hace falta la opinión de las familias.
Hasta ahora, la información disponible no permite establecer mediante una encuesta nacional representativa qué porcentaje de madres y padres mexicanos apoya la restricción del teléfono celular durante toda la jornada escolar.
Las asambleas anunciadas por las autoridades educativas serán importantes para explicar la medida, escuchar preocupaciones y establecer mecanismos de comunicación ante emergencias.
También será necesario reconocer que los hábitos digitales no terminan al salir de la escuela. Si los estudiantes permanecen varias horas sin teléfono, pero al regresar a casa lo utilizan hasta altas horas de la noche, la restricción podría tener efectos limitados sobre su descanso, convivencia familiar y bienestar emocional.
La participación de las familias será decisiva para que los límites escolares puedan convertirse progresivamente en hábitos personales.
La prohibición también debe considerar la desigualdad
Existe una realidad mexicana que no puede ignorarse: para millones de estudiantes, el teléfono celular es su única herramienta de acceso a internet.
Un análisis de México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, basado en datos del INEGI, señala que 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años viven en hogares donde el celular es la única tecnología digital disponible.
Por ello, la regulación debe distinguir entre el uso recreativo que interrumpe el aprendizaje y el aprovechamiento educativo de los dispositivos. Por eso la escuela no puede exigir que los estudiantes aprendan a utilizar las herramientas digitales para investigar, estudiar y resolver problemas y, al mismo tiempo, desconocer que muchos de ellos carecen de computadoras y otros recursos tecnológicos.
Regular los teléfonos requiere garantizar que las actividades educativas digitales sigan siendo accesibles para todos.
La necesidad de reglas claras y resultados verificables
El anuncio del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) establece el sentido general de la decisión y su fecha prevista de aplicación. Sin embargo, todavía es necesario conocer con precisión las reglas definitivas.
¿Podrán los estudiantes llevar sus teléfonos apagados? ¿Dónde se resguardarán? ¿Qué sucederá ante una emergencia familiar? ¿Cómo se atenderán las necesidades médicas y las excepciones pedagógicas? ¿Qué responsabilidades tendrán los docentes y las autoridades escolares? Estas preguntas deben responderse antes de que comience la aplicación de la medida.
También será indispensable establecer mecanismos para evaluar sus resultados. La sociedad mexicana necesita conocer si la restricción mejora efectivamente la atención en las aulas, la convivencia escolar, el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes, así como identificar posibles dificultades de implementación.
La política no debería evaluarse solamente por el número de teléfonos que permanezcan guardados durante las clases.
Educar para una libertad que también necesita límites
La restricción de celulares representa una intervención sobre el ambiente escolar, pero su alcance educativo dependerá de lo que ocurra después.
Si los estudiantes descubren que pueden concentrarse mejor, disfrutar los recreos, conversar con sus compañeros y participar en actividades sin consultar constantemente una pantalla, la medida puede ofrecerles experiencias valiosas, pero si solamente aprenden a obedecer una prohibición mientras esperan impacientemente recuperar sus teléfonos, el cambio será muy limitado.
El desafío consiste en desarrollar la capacidad de utilizar la tecnología sin depender permanentemente de ella. La escuela tiene la responsabilidad de enseñar conocimientos y habilidades, pero también de contribuir a formar personas capaces de administrar su atención, reconocer sus emociones y establecer relaciones humanas saludables.
La verdadera medida del éxito no será cuánto tiempo permanezcan los estudiantes sin celular dentro de la escuela, sino qué tan capaces sean de decidir cuándo utilizarlo y cuándo dejarlo a un lado, incluso cuando nadie se los prohíba.
