El Gobierno iniciará un proceso de información y discusión sobre el impacto de las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluido el Mundial de futbol, el Gobierno de México iniciará un proceso de información y debate sobre dos temas que adquieren cada vez mayor relevancia: la regulación de las plataformas digitales y el desarrollo de la inteligencia artificial.
La mandataria explicó que la discusión comenzará después del 19 de julio y tendrá como primer eje el impacto que las redes sociales tienen en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
“No se trata de prohibir, sino de informar y generar condiciones de regulación entre todas y entre todos”, afirmó la presidenta.
Además, anunció que también se abrirá una discusión nacional sobre la inteligencia artificial, inspirada en las reflexiones éticas planteadas por el Papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas, para analizar quién desarrolla estas tecnologías, quién las controla y qué tipo de normatividad podría requerirse en México.
Un debate que ya ocurre en distintos países
Aunque en México esta discusión apenas comenzará formalmente, el tema ya ocupa un lugar importante en diversas democracias.
Una encuesta publicada el 1 de julio por el Pew Research Center encontró que el 56 % de los adultos estadounidenses está a favor de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, mientras que entre los padres de familia el respaldo alcanza el 65 %.
Más allá de una eventual prohibición, existe un consenso aún mayor respecto a otras medidas de protección. Ocho de cada diez estadounidenses apoyan exigir autorización de los padres para que un menor abra una cuenta, establecer mecanismos efectivos de verificación de edad y fijar límites al tiempo que los menores pueden permanecer en las plataformas.
Estos resultados reflejan que la discusión ya no gira únicamente en torno a la libertad de utilizar redes sociales, sino también a las responsabilidades que deben asumir las empresas tecnológicas cuando millones de menores utilizan diariamente sus servicios.
Un vacío regulatorio
Actualmente, en México los adolescentes pueden abrir cuentas en la mayoría de las redes sociales siempre que cumplan la edad mínima establecida por cada plataforma.
Sin embargo, la legislación mexicana regula principalmente los delitos que pueden cometerse mediante internet —como amenazas, fraudes, extorsión, difusión ilícita de imágenes íntimas o algunos casos de violencia digital—, pero hay muchas conductas que, sin constituir necesariamente un delito, pueden afectar profundamente la salud emocional de los menores.
Las burlas constantes, la humillación pública, los insultos personales, las campañas de desprestigio entre compañeros, la exclusión deliberada o el hostigamiento sistemático pueden difundirse con enorme rapidez y permanecer disponibles durante mucho tiempo, amplificando su impacto. En muchos casos, quienes ejercen esa violencia no son adultos, sino otros adolescentes.
La responsabilidad de las plataformas
Cada vez con mayor frecuencia, la pregunta deja de ser si debe castigarse a quienes publican mensajes ofensivos y comienza a centrarse en el diseño mismo de las plataformas.
Los algoritmos privilegian los contenidos que generan mayor interacción. Con frecuencia, la indignación, la confrontación o la humillación pública producen más comentarios, reacciones y tiempo de permanencia que una conversación respetuosa.
Por ello, algunos especialistas consideran que la discusión no debe limitarse al comportamiento de los usuarios, sino incluir las responsabilidades de las empresas que diseñan y administran estos espacios digitales.
Entre las propuestas que ya se analizan en distintos países se encuentran mecanismos más eficaces de verificación de edad, controles parentales, mayor transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos y herramientas para reducir el acoso digital, especialmente cuando involucra a menores de edad.
Libertad de expresión y protección de los menores
Uno de los mayores desafíos será encontrar un equilibrio adecuado.
La libertad de expresión constituye un derecho fundamental que no puede restringirse arbitrariamente. Al mismo tiempo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer en entornos que favorezcan su desarrollo integral y los protejan de formas de violencia que pueden afectar su autoestima, sus relaciones personales y su salud mental.
El desafío no consiste en decidir qué opiniones pueden expresarse, sino en establecer qué responsabilidades deben asumir las plataformas para evitar que la violencia digital se convierta en una experiencia cotidiana para millones de menores.
Una discusión que apenas comienza
Las declaraciones de la presidenta no anuncian una regulación inmediata, sino el inicio de un proceso de deliberación pública.
Ese debate podría convertirse en una de las discusiones más importantes sobre tecnología y sociedad en México durante los próximos años.
No se tratará únicamente de decidir cómo regular las redes sociales o la inteligencia artificial, sino de responder una pregunta más profunda: ¿cómo aprovechar estas tecnologías sin permitir que afecten la dignidad de las personas, especialmente de quienes aún se encuentran en pleno desarrollo?
