Aunque la intensidad de los combates ha disminuido tras el alto al fuego alcanzado en 2025, las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza no han cesado por completo. En este contexto, también continúa creciendo dentro de Israel un movimiento ciudadano que cuestiona la conducción de la guerra por parte del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y exige una salida política al conflicto.
Las protestas no son nuevas. Desde antes de la guerra, miles de israelíes ya se habían movilizado contra el gobierno de Netanyahu por su reforma judicial. Sin embargo, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva en Gaza, las manifestaciones adquirieron nuevos objetivos: exigir el regreso de los rehenes, pedir un acuerdo de alto al fuego duradero, convocar a elecciones anticipadas y reclamar una investigación independiente sobre las fallas de seguridad que permitieron el ataque.
En ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, familiares de los rehenes, organizaciones civiles y grupos opositores han realizado marchas y concentraciones en las que acusan al gobierno de prolongar el conflicto sin una estrategia clara para alcanzar una paz estable. Algunos manifestantes sostienen que el Ejecutivo ha privilegiado intereses políticos sobre la búsqueda de soluciones que permitan poner fin a la violencia y garantizar el regreso de los cautivos.
Las movilizaciones también han incluido bloqueos de calles, concentraciones frente a la residencia oficial del primer ministro y llamados a huelgas nacionales. En diversas ocasiones se han registrado enfrentamientos con la policía y detenciones de manifestantes.
Mientras tanto, la situación en Gaza continúa generando preocupación internacional. Aunque los enfrentamientos son hoy menos intensos que durante los primeros meses de la guerra, Israel mantiene ataques e incursiones que, según sus autoridades, están dirigidos contra objetivos de Hamás. Diversos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, sostienen que estas operaciones siguen provocando víctimas civiles y un grave impacto humanitario. Israel rechaza esas conclusiones y afirma que actúa en defensa de su seguridad frente a una organización que continúa representando una amenaza.
Las protestas muestran que la sociedad israelí no mantiene una posición única frente al conflicto. Existen sectores que respaldan la estrategia militar del gobierno, pero también una parte significativa de la población que cuestiona el rumbo del país y exige responsabilidades políticas.
La experiencia israelí recuerda que, incluso en tiempos de guerra, las democracias mantienen espacios para el debate y la protesta. Al mismo tiempo, plantea una reflexión de fondo: los gobiernos toman las decisiones, pero las sociedades también son llamadas a examinar el papel que desempeñan cuando respaldan, cuestionan o guardan silencio frente a las acciones realizadas en su nombre.
