Durante más de tres décadas México ha tenido programas sociales. Sin embargo, la diferencia entre los modelos aplicados desde Salinas de Gortari hasta Claudia Sheinbaum no radica únicamente en el monto de los apoyos, sino en la forma en que el Estado concibe la relación entre los ciudadanos y los derechos sociales.
Los programas sociales no son nuevos en México. Han acompañado al país durante décadas y han estado presentes en gobiernos de distintos partidos y corrientes políticas. Sin embargo, detrás de ellos han existido concepciones diferentes sobre el papel del Estado, los derechos de los ciudadanos y la forma en que deben distribuirse los recursos públicos.
Por eso, para comprender la evolución de la política social mexicana, no basta con preguntar cuánto dinero se entrega o cuántos beneficiarios existen. La pregunta más importante es ¿qué relación existe entre el ciudadano y el programa social?
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari surgió el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), orientado a llevar infraestructura, servicios y apoyos a comunidades con rezagos. Más tarde, durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, aparecieron programas como Progresa, Oportunidades, 70 y Más, Seguro Popular, apoyos alimentarios, estancias infantiles y diversos esquemas de combate a la pobreza.
Todos ellos respondían a una lógica comprensible y legítima: identificar a quienes enfrentaban mayores carencias para dirigir hacia ellos recursos públicos. En este esquema la figura central era la del beneficiario.
El ciudadano debía demostrar determinadas condiciones económicas o sociales para ser incorporado a un programa. La autoridad evaluaba la situación y decidía quién cumplía los requisitos establecidos.
Un problema estructural adicional era que muchos de los beneficiarios de los programas sociales no tenían acceso al programa si no eran “seleccionados” a discreción por un agente que figuraba como distribuidor del beneficio. Entonces en programas como el de “70 y más”, el beneficiario debía ser seleccionado por un agente de la organización política mayoritaria o por una organización de la sociedad civil también seleccionada discrecionalmente.
Con la llegada de la Cuarta Transformación no solamente se multiplicaron enormemente los programas, ni sólo se amplió considerablemente el universo de destinatarios de los programas, sino que comenzó a consolidarse una visión diferente. La figura central dejó de ser exclusivamente la del “beneficiario” y comenzó a fortalecerse la del “ciudadano titular de derechos”. La diferencia parece pequeña, pero transforma la naturaleza misma de la política social.
Hoy existen programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes alcanzan la edad establecida por la ley; la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, destinada a quienes acreditan una condición de discapacidad; las becas para estudiantes de escuelas públicas; el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, enfocado en la capacitación laboral de quienes no están estudiando ni cuentan con un empleo; Sembrando Vida, dirigido a productores rurales; y otros programas orientados a sectores específicos de la población.
Estos programas de la Cuarta Transformación comparten una característica fundamental: el acceso se basa en condiciones objetivas y verificables, y no en criterios subjetivos de un seleccionador ni trámites llenos de requisitos.
Para recibir una pensión de adulto mayor no es necesario demostrar pobreza. Basta acreditar la edad correspondiente. Para acceder a una pensión por discapacidad no es necesario probar carencias económicas, sino acreditar la condición de discapacidad. Para recibir una beca educativa no se requiere demostrar un cierto nivel económico, solo basta demostrar la inscripción en una escuela pública.
La pregunta ya no es si una persona es suficientemente pobre para recibir ayuda, sino si cumple la condición que le da acceso al derecho. Esta transformación también modificó los mecanismos de entrega.
Durante décadas, una parte importante de los programas sociales operó a través de estructuras administrativas, organizaciones sociales, liderazgos comunitarios o intermediarios de diversa naturaleza. Pero en los últimos años se modificó para convertirse en un sistema de entrega directa de los recursos mediante transferencias bancarias y padrones centralizados, con el propósito de reducir la intermediación entre el Estado y el ciudadano.
Pero el cambio más profundo ocurrió en el terreno jurídico. Tradicionalmente, los programas sociales eran políticas públicas impulsadas por los gobiernos en turno. Podían ampliarse, reducirse o desaparecer fácilmente según las decisiones de cada administración.
En los últimos años, varios de los principales programas de bienestar fueron incorporados a la Constitución y a la legislación nacional, convirtiéndose en derechos reconocidos por el Estado mexicano.
Esta diferencia es fundamental, pues una “dádiva” depende de la voluntad de quien la entrega. Un derecho existe con independencia de la simpatía o antipatía que pueda tener un gobernante hacia él.
Del mismo modo, un derecho no debe confundirse con asistencialismo. El asistencialismo busca aliviar una necesidad inmediata mediante apoyos otorgados a quienes los requieren. Los derechos sociales, en cambio, reconocen que determinadas condiciones de la vida humana —como la vejez, la discapacidad o el acceso a la educación— generan obligaciones permanentes para el Estado.
Por supuesto, pueden existir debates legítimos sobre la eficacia, el financiamiento, los montos o los resultados de cada programa. Esas discusiones forman parte natural de cualquier democracia.
Lo que resulta difícil de ignorar es que México ha experimentado una transformación importante en la forma de concebir la política social. El énfasis ha dejado de estar exclusivamente en seleccionar beneficiarios para trasladarse, cada vez más, al reconocimiento de ciudadanos titulares de derechos.
Comprender esa evolución ayuda a explicar una de las transformaciones más significativas de la vida pública mexicana en las últimas décadas: el tránsito de una política social centrada en la asistencia hacia otra que busca fundamentarse en el reconocimiento de derechos.
