Durante muchos años, millones de niñas y niños mexicanos aprendieron matemáticas, historia, ciencias y civismo dentro de las aulas. Pero hubo otra enseñanza, silenciosa y cotidiana, que pocas veces fue reconocida como parte del proceso educativo: la alimentación.
En prácticamente todas las escuelas era normal que durante el recreo los estudiantes compraran refrescos, frituras, dulces, pastelillos, golosinas y bebidas azucaradas, tanto dentro como fuera de la escuela. No había prácticas intencionales para convencerlos de consumir esos productos. Simplemente estaban ahí, al alcance de la mano, todos los días. La costumbre terminó convirtiéndose en una parte más de la vida escolar.
No puede afirmarse que el sistema educativo mexicano diseñara una política para fomentar el consumo de comida chatarra. No existen elementos para sostener una afirmación así. Sin embargo, sí puede decirse que durante décadas la salud alimentaria de los estudiantes no ocupó un lugar prioritario dentro de las políticas educativas. ¿Irresponsabilidad? Seguro sí. ¿Criminalidad intencional? Seguro no.
La venta de alimentos ultraprocesados era pública, conocida y generalizada. Formaba parte del funcionamiento cotidiano de miles de cooperativas escolares y, durante años, las autoridades educativas no intervinieron para modificar ese modelo.
Hoy resulta fácil olvidar que México enfrenta una de las mayores crisis de salud relacionadas con la alimentación. El sobrepeso y la obesidad afectan a una proporción considerable de la población infantil y adulta, mientras que enfermedades como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares representan una enorme carga para las familias y para el sistema de salud.
Desde luego, sería injusto atribuir toda esa realidad a las escuelas. Los hábitos alimentarios se forman principalmente en la familia y están influenciados por la publicidad, la disponibilidad de alimentos, el poder adquisitivo y la cultura de consumo. Pero tampoco puede ignorarse que la escuela es uno de los espacios donde los niños construyen hábitos que los acompañarán durante buena parte de su vida.
La escuela educa con lo que enseña, pero también con lo que permite. Cuando un estudiante veía todos los días que era completamente normal comprar un refresco o una bolsa de frituras durante el recreo, recibía un mensaje implícito: esos productos formaban parte natural de la vida escolar.
Por ello, la decisión de retirar la comida chatarra de los planteles representa mucho más que un cambio en las cooperativas escolares. Es un intento por modificar una cultura alimentaria que se consolidó durante varias generaciones.
No se trata únicamente de sustituir un refresco por agua natural o una bolsa de frituras por fruta. Se trata de cambiar la idea de que la escuela puede ser indiferente frente a la alimentación de sus alumnos.
Sin embargo, como era previsible, la transición no ha estado exenta de resistencias.
Existen razones económicas. Durante años, las cooperativas encontraron en los productos industrializados una fuente estable de ingresos: eran fáciles de almacenar, no requerían preparación y dejaban márgenes atractivos. Cambiar ese modelo implica reorganizar procesos, trabajar con alimentos perecederos y, en algunos casos, aceptar menores utilidades.
También existen intereses empresariales. La industria de los alimentos ultraprocesados representa una actividad económica importante y genera miles de empleos. Es natural que defienda sus mercados. Sin embargo, cuando el interés comercial entra en tensión con la salud de la niñez, corresponde al Estado establecer reglas que privilegien el bienestar colectivo.
Hay, además, una resistencia cultural. Durante décadas muchas familias incorporaron estos productos a la alimentación cotidiana. Cambiar hábitos profundamente arraigados nunca es sencillo. Ninguna norma puede transformar de un día para otro las preferencias alimentarias construidas durante generaciones.
Incluso existen posturas ideológicas que se resisten al cambio porque sostienen que la medida proviene de un gobierno que no les es de simpatía, otros incluso sostienen que corresponde exclusivamente a los padres decidir qué consumen sus hijos y que el Estado no debería intervenir en esa esfera. Es un debate legítimo en una sociedad democrática.
Pero también es legítimo preguntarse cuál debe ser el papel de una institución educativa cuya misión no es solamente transmitir conocimientos, sino contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
En 2025 entró en vigor la prohibición de vender comida chatarra dentro de las escuelas del Sistema Educativo Nacional. La SEP ha informado avances importantes en su implementación, mientras organizaciones ciudadanas continúan documentando planteles donde persisten incumplimientos. Esa diferencia de cifras muestra que el proceso aún está en construcción y que modificar una cultura arraigada requiere tiempo, supervisión y participación de toda la comunidad educativa.
Más allá de las estadísticas, quizá el cambio más importante sea otro. Por primera vez en muchos años, la alimentación escolar dejó de considerarse un asunto secundario para convertirse en una prioridad educativa y de salud pública.
Ese cambio merece ser reconocido. No porque las medidas actuales sean perfectas ni porque todos los problemas hayan quedado resueltos, sino porque representan un reconocimiento institucional de algo que durante demasiado tiempo permaneció ausente: proteger la salud también forma parte de educar.
La evidencia científica acumulada durante las últimas décadas respalda que una alimentación más saludable desde la infancia contribuye a prevenir la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas. El verdadero desafío será que la política emprendida por México logre modificar los hábitos alimentarios de las nuevas generaciones y traducir ese conocimiento científico en mejores indicadores de salud pública.
Lo que ya puede afirmarse es que el país comenzó a corregir una omisión que acompañó al sistema educativo durante décadas.
Porque una escuela que enseña a leer, a pensar y a convivir también tiene la responsabilidad de ayudar a formar hábitos que permitan vivir más y vivir mejor.
