Más de 230 millones de niñas y mujeres que viven actualmente han sido sometidas a alguna forma de mutilación genital femenina, y solamente durante 2026, alrededor de 4.5 millones de niñas están en riesgo de sufrirla.
Las dimensiones explican por qué el fenómeno dejó hace tiempo de ser considerado simplemente una costumbre particular de determinadas comunidades. Hoy Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo consideran una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública mundial.
Pero combatirlo plantea una dificultad extraordinaria: ¿cómo erradicar una práctica dañina cuando durante generaciones una parte de la propia sociedad la ha considerado correcta, necesaria o incluso beneficiosa para sus hijas?
Una práctica con consecuencias permanentes
La mutilación genital femenina (MGF) comprende distintos procedimientos realizados sin ninguna finalidad médica que lesionan o extirpan parcial o totalmente los genitales externos femeninos.
La OMS advierte que no proporciona beneficio alguno para la salud y puede ocasionar hemorragias, infecciones, problemas urinarios y menstruales, dolor crónico, dificultades sexuales y complicaciones durante el embarazo y el parto.
Frecuentemente se realiza durante la infancia, desde los primeros años de vida hasta aproximadamente los 15 años.
No se identifica con una sola religión
La MGF se concentra especialmente en regiones de África, aunque también está documentada en comunidades de Oriente Medio y Asia y, debido a la migración, en otras partes del mundo.
Sería incorrecto identificarla simplemente con el islam, pues ha existido entre comunidades musulmanas, cristianas y pertenecientes a otras tradiciones religiosas. Naciones Unidas sostiene que ningún documento religioso prescribe su realización.
Su permanencia se explica más por una combinación de tradición, pertenencia comunitaria, ideas sobre pureza y feminidad, control de la sexualidad, virginidad y expectativas matrimoniales. Ahí se encuentra una de las claves para comprender su persistencia.
La pobreza, la baja escolaridad y el aislamiento pueden favorecer su persistencia en determinados contextos, pero no explican por sí mismos la práctica. Hay sociedades donde la MGF atraviesa diferencias económicas, educativas y entre población rural y urbana. Más que una consecuencia directa de la pobreza o la falta de educación, se trata de una norma sociocultural cuya permanencia puede verse reforzada por esas condiciones.
Una madre puede rechazar personalmente el sufrimiento que implica y, al mismo tiempo, temer que si no somete a su hija al procedimiento ésta sea rechazada por su comunidad, considerada impura o tenga dificultades para contraer matrimonio.
De esa manera, la práctica de la MGF puede reproducirse incluso mediante personas que creen estar protegiendo a las mismas niñas a quienes perjudican.
Sin embargo, comprender que esta conducta, que se ha convertido en un problema de salud pública, tiene su origen en fuertes rasgos culturales y tradiciones, no la justifica.
La MGF también existe en América Latina
Aunque suele asociarse principalmente con África y algunas regiones de Asia y Oriente Medio, la mutilación genital femenina también está presente en América Latina. Colombia es el único país de la región que reconoce oficialmente que la práctica ocurre en su territorio, particularmente en algunas comunidades indígenas Emberá, aunque no es una práctica generalizada entre este pueblo. Entre 2020 y junio de 2026, el Instituto Nacional de Salud colombiano registró 240 casos; 88% correspondieron a niñas de entre cero y cinco años y 87% a población indígena. En julio de 2026, Colombia se convirtió además en el primer país de América Latina y el Caribe en contar con una ley específica e integral para prevenir, atender y erradicar la MGF. Desde 2007 se desarrollan programas con autoridades indígenas, mujeres, parteras y comunidades para abandonar la práctica mediante educación, atención sanitaria y diálogo intercultural. La presencia del pueblo Emberá también en Panamá y Ecuador ha llevado a organismos internacionales a vigilar si existen casos en esos territorios, pero no debe afirmarse que la práctica esté documentada allí con la misma certeza que en Colombia.
Prohibir no necesariamente significa erradicar
La eliminación de la mutilación genital femenina forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030, y ya actualmente existe legislación internacional que permite perseguirla en decenas de países.
Sin embargo, la experiencia internacional ha mostrado los límites de una estrategia exclusivamente penal, porque cuando se conserva intacta la aceptación social de la MGF, la prohibición lo único que logra es desplazar la práctica hacia la clandestinidad, provocar que las familias recurran a otras regiones o que busquen personal sanitario dispuesto a realizarla.
Incluso ha aparecido la llamada “medicalización”, que consiste en sustituir a la persona que tradicionalmente realizaba el procedimiento por médicos o trabajadores sanitarios bajo la idea de que así se vuelve seguro.
No obstante, la OMS rechaza categóricamente esta posibilidad al afirmar que una intervención médica, que además es innecesaria, y que lesiona los genitales de una niña, continúa siendo mutilación. Por eso la estrategia internacional ha cambiado.
Cambiar la ley y cambiar la comunidad
El Programa Conjunto de UNFPA y UNICEF para la Eliminación de la Mutilación Genital Femenina trabaja actualmente en 18 países combinando legislación, educación, servicios sanitarios, diálogo comunitario y participación de dirigentes tradicionales y religiosos.
Durante 2025, más de 7.5 millones de personas participaron en diálogos comunitarios y 4.3 millones realizaron declaraciones públicas de abandono de la práctica. Cerca de 1.8 millones de niñas y mujeres jóvenes participaron en programas educativos y más de 1.2 millones de hombres y niños fueron incorporados a las actividades de prevención.
La participación masculina tiene una razón concreta: si una de las justificaciones de la mutilación es que resulta necesaria para que una mujer pueda casarse, modificar las expectativas de los futuros esposos forma parte de la solución.
Algo semejante ocurre con la religión. Cuando una comunidad considera que la práctica constituye una obligación religiosa, la participación de sus propios dirigentes puede resultar decisiva para demostrar lo contrario.
En Somalia, uno de los países con mayor prevalencia del mundo, dirigentes islámicos emitieron en 2025 una fatua nacional contra la mutilación genital femenina y rechazaron que exista fundamento religioso para practicarla.
La experiencia se una comunidad que cambia lo que considera normal
Kenia permite observar que el cambio es posible. La prevalencia nacional entre mujeres de 15 a 49 años pasó de alrededor de 21 por ciento en 2014 a 15 por ciento en 2022, aunque continúa siendo extraordinariamente elevada entre determinadas comunidades.
Pero también existen resistencias. Gambia prohibió la mutilación genital femenina en 2015, sin embargo en 2024, el Parlamento tuvo que discutir una iniciativa que pretendía volver a legalizarla. Finalmente, 35 legisladores votaron por conservar la prohibición y 17 por eliminarla. El episodio muestra que una ley no puede actuar sola, pues necesita cambiar cultura que hizo posible aquello que pretende prohibir.
Por eso una parte importante de los programas actuales busca que comunidades enteras abandonen públicamente la práctica. Si una sola familia decide abandonar la MGF mientras todas las demás consideran impura para el matrimonio a una joven que no haya sido mutilada, esa familia enfrenta un enorme costo social. En cambio, si toda la comunidad modifica simultáneamente la norma, ese costo comienza a desaparecer.
La transformación definitiva ocurre entonces en un terreno mucho más profundo que el código penal. El proceso que se busca es primero modificar la ley prohibiendo la MGF, luego lograr que una familia pueda decir: “No lo hacemos porque está prohibido”. Después conseguir que muchas familias ya no lo hagan. Más tarde lograr que los padres digan “nuestra hija no necesita eso para ser aceptada”. Hasta que una nueva generación termine preguntándose cómo pudo considerarse normal algo tan horrible.
La mutilación genital femenina permite observar uno de los desafíos más difíciles en la defensa de los derechos humanos: no basta con prohibir una agresión cuando una sociedad todavía la considera legítima.
La ley establece un límite indispensable. La educación, la salud, las comunidades, las sobrevivientes y los propios dirigentes sociales y religiosos tienen una tarea distinta: conseguir que aquello que alguna vez fue presentado como tradición pierda finalmente su aceptación social.
Una violación de derechos humanos profundamente arraigada comienza realmente a desaparecer no solamente cuando las personas temen cometerla, sino cuando dejan de encontrar razones para justificarla.
