La declaración de Ramírez Cuéllar tiene apariencia de un deslinde apresurado. Combatir la corrupción exige investigar con rigor y respetar que la culpabilidad se determine en los tribunales.
“Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar al referirse a las presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral. Según La Jornada, el legislador sostuvo que los hallazgos de las instancias de fiscalización constituyen indicios de delitos. Cierto y lo más probable es que el poder judicial determine la culpabilidad de Taddei. Pero entre encontrar indicios y establecer una responsabilidad penal hay un proceso del que ningún pronunciamiento político puede estar por encima.
Su responsabilidad como diputado es exigir que las instituciones actúen con rigor. Puede reclamar investigaciones profundas, transparencia en los contratos y que se presenten las denuncias y pruebas correspondientes. Puede exigir que no se oculte información ni se proteja a nadie. Sin embargo, la culpabilidad y la pena deben determinarse judicialmente.
La diferencia importa por que se trata de pronunciamientos de un legislador que condena sin pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias, lo cual deja abierta la respuesta a lo que demuestren las pruebas. Exigir cárcel desde ahora presenta el castigo como una conclusión tomada antes de que termine el esclarecimiento de los hechos.
La declaración tiene, además, apariencia de un deslinde apresurado: una forma de marcar distancia mediante la condena más contundente. No sabemos con certeza que esa haya sido la intención de Ramírez Cuéllar, pero sus palabras permiten esa lectura. La dureza del lenguaje puede servir para mostrar firmeza política, pero no demuestra por sí misma compromiso con la justicia.
Y señalarlo no supone defender a Taddei. Supone defender un principio que debe valer para cualquiera, sea cercano a Morena o adversario. Si exigimos pruebas cuando se acusa a alguien con quien simpatizamos, tenemos que exigirlas también cuando la persona señalada nos resulta incómoda. La presunción de inocencia pierde sentido si la reservamos para nuestros conocidos.
Tampoco basta con señalar irregularidades dentro de una institución para atribuir automáticamente responsabilidad penal a quien la encabeza. Es necesario esclarecer quién intervino, qué decisiones tomó y qué acreditan las pruebas sobre su conducta. Esa precisión permite que las responsabilidades se sostengan y que las sanciones, cuando procedan, tengan fundamento.
La corrupción y la impunidad se combaten por la vía constitucional, con investigaciones rigurosas, pruebas y resoluciones judiciales. Los juicios sumarios en el discurso político pueden alimentar la indignación, pero no sustituyen a la justicia. Este criterio debe prevalecer especialmente en un legislador, cuya responsabilidad es respetar y fortalecer el orden constitucional que está obligado a defender.
El país necesita combatir la corrupción sin excepciones partidistas. Brincarse los procesos no garantiza el estado de derecho. Primero deben esclarecerse los hechos mediante una investigación; después, si existen elementos suficientes, formularse una acusación y someter las pruebas al examen judicial, con pleno derecho de defensa. Solo entonces corresponde determinar si procede una condena. Exigir cárcel por anticipado invierte esa lógica: anuncia el castigo antes de que se haya demostrado la culpabilidad.
Eso exige instituciones capaces de investigar y tribunales capaces de resolver sin que los dirigentes políticos les dicten anticipadamente el desenlace.
La exigencia responsable es clara: que se investigue a fondo y, si se demuestra que Taddei cometió delitos, que reciba la sanción correspondiente. Un diputado debe exigir justicia con toda firmeza. Su autoridad política no lo convierte en juez.
