La polémica reabrió el debate sobre la libertad de expresión en México, pero desde una perspectiva jurídica y democrática, una declaración pública no equivale automáticamente a censura estatal.
En los últimos días se ha repetido con fuerza la acusación de que la presidenta de México “censuró” a TV Azteca por haber sugerido públicamente a la población que no vea ese medio de comunicación. La palabra es grave y precisamente por eso conviene usarla con cuidado, porque no toda confrontación entre un gobierno y una televisora es censura.
En una democracia, los medios de comunicación tienen derecho a criticar al poder político. Pero también los gobernantes tienen derecho a cuestionar públicamente a los medios. Lo importante es entender dónde termina la crítica y dónde comienza la censura real. La diferencia no es menor.
Censura no significa simplemente que un presidente critique a una empresa de comunicación, ni que exprese desacuerdo con una línea editorial, ni siquiera que invite a no consumir determinado contenido.
Jurídicamente, la censura implica que el Estado utilice su poder para impedir, restringir o castigar la difusión de ideas e información. Es decir: cerrar medios, bloquear transmisiones, retirar concesiones arbitrariamente, perseguir periodistas, imponer sanciones por opiniones o usar instituciones públicas para silenciar voces incómodas y nada de eso ocurrió aquí.
TV Azteca sigue transmitiendo normalmente. Sus conductores continúan expresándose. Sus espacios informativos permanecen al aire. Sus críticas al gobierno no fueron prohibidas. No hubo decomisos, suspensión de emisiones ni intervención estatal para impedir que la televisora opere.
Entonces, llamar “censura” a una declaración política termina vaciando de significado una palabra que históricamente ha descrito abusos mucho más graves.
Eso no significa que el debate sea irrelevante, porque sí es válido discutir si un jefe de Estado debe utilizar su enorme influencia para confrontar públicamente a medios de comunicación. También es legítimo preguntarse si ese tipo de mensajes contribuyen a polarizar el ambiente político o a tensar la relación entre prensa y gobierno.
Pero una cosa es debatir la conveniencia política, ética o democrática de una declaración, y otra muy distinta afirmar que jurídicamente hubo censura.
A veces pareciera que ciertos sectores quieren construir una idea peligrosa: que los medios pueden mentir deliberadamente para cuestionar diariamente al gobierno, pero el gobierno no puede responderles porque cualquier respuesta sería automáticamente un ataque a la libertad de expresión. Eso tampoco es democracia.
La libertad de expresión no protege solamente a periodistas, comentaristas o empresarios mediáticos. También protege el derecho de los actores políticos —incluido un presidente— a expresar desacuerdo, señalar sesgos o cuestionar narrativas mediáticas.
El verdadero límite aparece cuando el poder deja de debatir y comienza a castigar. Precisamente por eso es importante distinguir entre presión política, confrontación discursiva y censura estatal.
Mezclarlo todo en un mismo concepto no ayuda a defender la libertad de expresión; la debilita. Porque si todo es censura, entonces nada termina siéndolo realmente.
México sí ha conocido episodios auténticamente preocupantes para la libertad de prensa: persecuciones, amenazas, asesinatos de periodistas, presiones económicas, censura indirecta y vínculos oscuros entre poder político y medios. Comparar esos escenarios con una declaración pública confrontativa termina banalizando problemas mucho más serios.
Una democracia madura necesita medios libres, pero también necesita discusiones honestas y conceptos jurídicos usados con precisión.
No toda crítica desde el poder es censura. Y decir “no vean TV Azteca”, por sí mismo, no lo es.
