Las labores de rescate continúan en Venezuela tras el doble terremoto registrado el miércoles pasado, mientras brigadas nacionales e internacionales mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados y comunidades severamente afectadas.
El gobierno venezolano informó que hasta este domingo habían llegado al país 2 mil 624 rescatistas, 137 perros especializados, 49 vehículos y 84.4 toneladas de equipo e insumos procedentes de 24 países. Tan sólo el sábado fueron rescatadas con vida 33 personas, un dato que mantiene la esperanza entre familiares y cuerpos de emergencia.
La solidaridad internacional continúa creciendo. Cuba envió un contingente integrado por 55 especialistas y anunció el arribo de cinco más, mientras que en la embajada de Venezuela en la Ciudad de México sigue funcionando un centro de acopio donde ciudadanos y organizaciones entregan ayuda para los damnificados.
La Guaira continúa siendo el estado más afectado por la tragedia. Durante las primeras horas posteriores al sismo, hospitales y servicios de emergencia trabajaron bajo una enorme presión debido al elevado número de heridos.
Conforme avanzaron las operaciones de rescate, el ejército venezolano, junto con brigadas internacionales, instaló hospitales de campaña que permitieron atender a la población directamente en la zona del desastre, reduciendo el traslado constante de pacientes hacia Caracas.
Algunos reportes internacionales describieron un escenario de colapso generalizado del sistema sanitario. Sin embargo, conforme la emergencia comenzó a estabilizarse, la atención hospitalaria mostró una capacidad de respuesta mayor a la inicialmente reportada.
Además de los hospitales públicos, un amplio número de clínicas privadas abrió sus puertas bajo coordinación gubernamental para atender gratuitamente a personas lesionadas por el terremoto.
Sin embargo, comprender la dimensión de esta tragedia exige mirar más allá de los edificios derrumbados.
Los desastres naturales nunca ocurren en el vacío. Siempre golpean sobre una realidad económica, social e institucional previamente construida. Venezuela recibió este doble terremoto después de más de una década marcada por una profunda contracción económica, una fuerte reducción de los ingresos petroleros y un amplio régimen de sanciones financieras y comerciales encabezado por Estados Unidos, que ha limitado la capacidad del país para comerciar, acceder a financiamiento internacional y obtener recursos para sostener su infraestructura pública.
Durante años, el petróleo representó prácticamente la totalidad de las divisas que ingresaban al país. La disminución de esa fuente de ingresos y las restricciones impuestas al sector energético redujeron considerablemente la capacidad del Estado para invertir en hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua potable, infraestructura y servicios públicos.
Funcionarios venezolanos sostienen que esa reducción de recursos impactó directamente en programas sociales como salud y educación, además de dificultar la adquisición de medicamentos, equipos médicos, refacciones para instalaciones eléctricas y tecnología especializada.
Independientemente del debate político que rodea al gobierno venezolano, resulta difícil ignorar que las sanciones económicas por Estados Unidos terminan afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
La tragedia vuelve a poner sobre la mesa una realidad que suele pasar desapercibida. Las sanciones económicas son presentadas con frecuencia como un mecanismo de presión sobre los gobiernos, pero sus efectos suelen extenderse a toda la sociedad.
Cuando disminuyen los recursos disponibles para mantener hospitales, renovar equipos de rescate o fortalecer la infraestructura pública, la vulnerabilidad se hace más evidente cuando ocurre una emergencia de grandes dimensiones.
Sería incompleto analizar esta tragedia sin considerar el peso que durante años han tenido las sanciones económicas sobre una nación cuya principal fuente de ingresos ha permanecido severamente restringida.
Hoy, mientras miles de rescatistas trabajan entre los escombros, la tragedia venezolana recuerda una verdad que trasciende cualquier frontera o ideología: un terremoto destruye edificios en cuestión de segundos, pero la capacidad de una sociedad para enfrentarlo se construye —o se debilita— durante muchos años.
Los pueblos no eligen cuándo ocurre un desastre natural. Lo que sí marca la diferencia es la fortaleza con la que llegan a enfrentarlo. Y cuando esa fortaleza ha sido erosionada por crisis prolongadas, sanciones económicas o deterioro institucional, el costo humano termina siendo mucho mayor.
La solidaridad que hoy llega desde distintos países demuestra que, frente al sufrimiento humano, las diferencias políticas pueden quedar en segundo plano. Es quizá la lección más esperanzadora en medio de una de las tragedias más dolorosas que ha vivido Venezuela en los últimos años.
