Un terremoto no pregunta por ideologías, tampoco lo hace una persona atrapada bajo los escombros, una familia que perdió su casa o quien espera agua, alimentos y medicamentos después de una catástrofe.
Por eso, frente a una emergencia de grandes dimensiones, las diferencias políticas entre gobiernos deberían pasar inmediatamente a segundo plano. No porque la política deje de existir, sino porque aparece una prioridad superior: proteger la vida y aliviar el sufrimiento humano.
Lo ocurrido después del reciente terremoto en Colombia obliga a plantearnos precisamente esa cuestión.
México manifestó prácticamente desde las primeras horas su disposición para colaborar. Preparó un contingente de 255 elementos, entre personal militar, médicos, especialistas en búsqueda y rescate y binomios caninos. Sin embargo, durante horas permaneció a la espera de la solicitud formal necesaria para desplegarlo.
Posteriormente Colombia comenzó a aceptar la participación de equipos internacionales de búsqueda y rescate. Entre los países autorizados aparecieron Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador.
La selección llama la atención. No porque Colombia esté obligada a aceptar cualquier ofrecimiento internacional. Una operación de rescate requiere coordinación, especialización y protocolos estrictos. La llegada desordenada de grupos extranjeros puede incluso convertirse en un problema adicional para quienes dirigen una emergencia.
Lo que resulta difícil ignorar es otra circunstancia: los países cuya colaboración fue aceptada coinciden llamativamente con gobiernos cercanos a la orientación política y diplomática de la actual administración colombiana, mientras otros países que también ofrecieron recursos quedaron fuera o esperando autorización.
México constituye uno de los casos más visibles porque no se trata de un país sin experiencia en terremotos ni de un grupo improvisado de voluntarios. México posee una larga experiencia en búsqueda y rescate, ha enviado especialistas y binomios caninos a catástrofes ocurridas en distintas partes del mundo y había preparado para Colombia un contingente considerable.
La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿los criterios utilizados para aceptar y excluir ayuda internacional fueron exclusivamente operativos o las afinidades políticas terminaron influyendo también en las decisiones?
No necesitamos conocer una instrucción secreta ni esperar que algún funcionario reconozca que existió un criterio ideológico para advertir el problema. Las decisiones públicas también pueden analizarse por sus coincidencias, sus exclusiones y sus consecuencias.
Y en este caso existe una coincidencia suficientemente llamativa como para formular la pregunta.
Pero sería un error convertir esta historia fundamentalmente en una disputa diplomática entre México y Colombia.
Debajo de los escombros no hay adversarios políticos
Si Colombia decidió no utilizar determinada ayuda internacional, México conservará sus recursos y podrá destinarlos a otra emergencia. Desde la perspectiva de los Estados, el asunto podría terminar ahí, pero desde la perspectiva humana, no.
Porque mientras los gobiernos deciden qué ayuda aceptan, hay personas esperando esa ayuda.
Durante las primeras horas posteriores a un terremoto, encontrar rápidamente a quienes permanecen atrapados puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada especialista disponible, cada binomio canino, cada equipo capaz de localizar sobrevivientes adquiere entonces un valor que difícilmente puede medirse en términos diplomáticos.
Lo mismo sucede con la ayuda material. Una caja de alimentos que llega cuando una familia tiene hambre no es solamente mercancía. El agua potable no es una cifra dentro de un inventario internacional. Los medicamentos no son instrumentos de política exterior. Son respuestas concretas al sufrimiento.
Por eso también merece atención el tiempo que transcurrió antes de que se aceptara y comenzara a recibirse ayuda material procedente del exterior. En una emergencia humanitaria, el tiempo no es un dato administrativo: forma parte de la ayuda misma.
Un alimento disponible hoy no equivale necesariamente al mismo alimento entregado varios días después. Y un rescatista preparado para comenzar a buscar sobrevivientes ahora no representa exactamente la misma ayuda si su intervención se posterga mientras transcurren las horas críticas.
La política tiene límites
Todos los gobiernos tienen afinidades y diferencias internacionales. Eso es inevitable. Un gobierno puede acercarse diplomáticamente a determinados países y distanciarse de otros. Puede establecer alianzas económicas, discrepar en organismos internacionales e incluso atravesar conflictos diplomáticos importantes, pero una catástrofe debería establecer un límite.
Cuando hay vidas humanas en peligro, la pregunta principal no debería ser quién ofrece la ayuda, sino si esa ayuda es necesaria, adecuada y puede salvar vidas o aliviar sufrimientos.
Esto tampoco significa que un país deba aceptar indiscriminadamente cuanto le ofrecen. Las autoridades responsables de una emergencia tienen que determinar qué necesitan, evitar duplicidades, verificar capacidades y mantener el control operativo.
Precisamente por eso, cuando se rechaza o demora ayuda disponible durante una emergencia de grandes dimensiones, resulta legítimo preguntar cuáles fueron las razones.
Y cuando las aceptaciones y exclusiones coinciden llamativamente con el mapa de amistades y distanciamientos políticos del gobierno que toma las decisiones, la pregunta adquiere todavía mayor importancia.
No porque podamos conocer las intenciones privadas de quienes decidieron, sino porque podemos observar sus decisiones.
La ayuda humanitaria no debería tener amigos ni adversarios
México resulta relevante en esta historia, pero no debería convertirse en su protagonista. El protagonista es quien quedó debajo de una losa, la familia que perdió su vivienda, la persona herida que necesita atención, el niño que necesita agua, el anciano que necesita medicamentos.
Si la ayuda mexicana era necesaria, debía aprovecharse. Si no lo era, tendría que existir una explicación operacional suficiente. Exactamente el mismo criterio debería aplicarse a la ayuda estadounidense, israelí, salvadoreña, ecuatoriana o procedente de cualquier otro país.
Porque una víctima no debería recibir más o menos posibilidades de ser rescatada dependiendo de las relaciones diplomáticas que su gobierno mantenga con el país donde nació quien viene a salvarla.
Ése es el verdadero problema. Podemos discutir después las relaciones entre México y Colombia. Podemos analizar las diferencias entre sus gobiernos, sus posiciones internacionales y sus conflictos diplomáticos. Todo eso pertenece legítimamente a la política.
Pero primero hay que sacar a las personas de los escombros. Primero hay que curar a los heridos. Primero hay que alimentar a quien tiene hambre. Primero hay que llevar agua a quien tiene sed y sólo después podemos regresar a nuestras diferencias.
Cuando la ideología comienza a decidir de qué manos estamos dispuestos a recibir ayuda, el problema deja de ser solamente político y se convierte en un problema humanitario.
