Cuando una persona duerme en una banca, bajo un puente o en la entrada de un edificio, la sociedad suele hacerse una pregunta incómoda: ¿llegó ahí por sus propias decisiones o porque el sistema le falló?
La respuesta rara vez es sencilla. Detrás de cada historia de indigencia hay una combinación distinta de factores: pérdida del empleo, ruptura familiar, enfermedades mentales, adicciones, violencia, discapacidad, depresión o una larga cadena de dificultades que terminan por expulsar a una persona de las redes que normalmente la sostienen.
Lo cierto es que la indigencia representa una de las formas más extremas de exclusión social. No se trata solamente de pobreza. Una persona puede tener bajos ingresos y aun así conservar una vivienda, una familia o una comunidad que le brinde apoyo. La indigencia aparece cuando esos últimos vínculos también se rompen.
En México no existe una cifra definitiva sobre cuántas personas viven en situación de calle. El Censo de Población y Vivienda 2020 identificó alrededor de 5 mil 700 personas sin vivienda, aunque especialistas consideran que el número real podría ser mayor debido a la dificultad de localizar y registrar a esta población. Más allá de la cifra exacta, el fenómeno existe y está presente en las grandes ciudades y, cada vez más, también en municipios medianos.
La discusión pública suele dividirse entre quienes consideran que la indigencia es consecuencia de decisiones personales y quienes la interpretan exclusivamente como resultado de fallas estructurales. Sin embargo, ambas explicaciones resultan insuficientes.
Es cierto que las decisiones individuales tienen consecuencias. Pero también es cierto que una sociedad puede crear mecanismos para evitar que una crisis personal termine convirtiéndose en una tragedia humana. Una persona puede perder su empleo, pero existen programas de capacitación, apoyo temporal o vinculación laboral. Una persona puede desarrollar una adicción, pero el Estado puede impulsar políticas de prevención y tratamiento. Una persona puede sufrir una enfermedad mental, pero pueden existir centros de atención, acompañamiento y seguimiento.
La pregunta entonces deja de ser quién tiene toda la culpa y pasa a ser otra: ¿cuántas oportunidades tuvo una persona antes de terminar en la calle?
México cuenta con albergues, programas de asistencia social y organizaciones civiles que realizan una labor invaluable. Sin embargo, estos esfuerzos suelen estar dispersos entre dependencias, municipios y asociaciones. La atención existe, pero no siempre opera como una estrategia integral y coordinada de alcance nacional.
Quizá ha llegado el momento de plantear un enfoque diferente. Así como existen instituciones dedicadas a la prevención de enfermedades, la protección civil o la atención a grupos vulnerables, podría pensarse en una política pública específica para prevenir la indigencia y acompañar a quienes ya la padecen. No necesariamente para eliminar por completo el fenómeno —algo que probablemente ningún país ha logrado—, sino para reducirlo de manera significativa y evitar que miles de personas queden atrapadas en él.
Al final, la forma en que una sociedad trata a quienes han quedado al margen revela mucho sobre sus prioridades. La indigencia no es solamente un problema de vivienda ni un asunto de caridad. Es un indicador de qué tan capaces somos, como comunidad, de evitar que una persona caiga tan profundamente que ya no encuentre el camino de regreso.
Porque una sociedad puede no ser responsable de todas las decisiones que toman sus integrantes, pero sí puede decidir si permanece indiferente cuando alguno de ellos se queda sin nada.
