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La creación en Querétaro de una academia de capacitación policial con participación estadounidense plantea un problema que rebasa la ceremonia de su presentación: el respeto a las competencias federales y al control de México sobre la colaboración extranjera en seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente que el proyecto se impulsara sin autorización del Gobierno de México y pidió explicaciones al gobernador Mauricio Kuri y al embajador Ronald Johnson.
El alcance anunciado de la academia explica la importancia del señalamiento. Según la información difundida por la embajada estadounidense, formará personal para detectar e interceptar drogas, armas, dinero ilícito y otros tipos de contrabando, función de competencia federal, no estatal y que requiere autorización federal competente, no únicamente la presencia de funcionarios federales en un acto protocolario.
Agregó que sus capacidades podrán trasladarse a instituciones de distintas partes del país, de tal manera que se trata de una iniciativa con proyección nacional y objetivos vinculados al combate de redes criminales. Esta iniciativa no puede ejercerse por autoridades estatales sin autorización competente federal.
Los estados tienen atribuciones para formar y profesionalizar a sus policías para ejercer actividades de competencia estatal. El artículo 21 constitucional reconoce esa responsabilidad y establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Pero esa facultad de los,estados no permite asumir competencias federales ni prescindir de los procedimientos aplicables a la participación de un gobierno extranjero. La persecución de la delincuencia organizada pertenece al ámbito federal; la cooperación local debe respetar esa distribución de responsabilidades.
Frente al cuestionamiento presidencial, se ha argumentado que Querétaro notificó a la Cancillería la visita del embajador. El punto decisivo es que avisar de un encuentro no equivale a obtener autorización para crear una academia, definir sus contenidos y establecer la intervención de instructores extranjeros.
La Secretaría de Relaciones Extranjeras (SRE) confirmó que recibió una comunicación sobre la visita, pero señaló que no detallaba el propósito de las actividades; además, recordó la exigencia de un visto bueno previo para proyectos de cooperación extranjera en seguridad.
La presencia de representantes de la Guardia Nacional, del Ejército o de la Fiscalía General de la República tampoco acredita ese aval. Su asistencia a una ceremonia no sustituye la necesaria aprobación institucional del proyecto. Los funcionarios federales deberán explicar a sus autoridades competentes con qué representación e instrucciones acudieron y explicar su participación.
La relevancia de la capacitación policial es relevante pues puede influir en los métodos de investigación, las prioridades operativas y el manejo de información sensible. Por eso México debe determinar los contenidos, los límites y la supervisión de esa colaboración, así como garantizar que las instituciones mexicanas conserven la conducción de sus funciones.
El cuestionamiento presidencial tiene un contenido sustancial, pues para crear una academia con participación estadounidense y objetivos vinculados a delitos federales, la autorización nacional es esencial.
La cooperación de policías o ejército extranjero puede aportar capacidades valiosas, pero que sean útiles no les exime de cumplir con las obligaciones de obtener autorización ni de cumplir con los controles que protegen la soberanía.
