El relevo en la presidencia será insuficiente si no se revisan los controles, las contrataciones y las responsabilidades del Consejo General. La confianza exige cambios en el funcionamiento institucional.
La salida de Guadalupe Taddei obliga a esclarecer su gestión y revisar los controles del Instituto. El relevo será insuficiente si sobreviven las prácticas que permiten abusos o impiden detectarlos.
El problema del Instituto Nacional Electoral no puede reducirse a quién lo preside. Frente a los señalamientos sobre posibles irregularidades administrativas, surgen preguntas ineludibles: ¿quién autorizó las decisiones cuestionadas, quién debía supervisarlas y qué ocurrió con los controles?
El INE tiene un Consejo General, comisiones, áreas ejecutivas y órganos de vigilancia. Esa distribución de responsabilidades debe permitir detectar y corregir problemas. Si las alertas se ignoran o las decisiones quedan sin supervisión efectiva, cambiar a la persona que encabeza el organismo deja pendiente el fondo del asunto.
La investigación anunciada por la Auditoría Superior de la Federación comprende al INE, organismos electorales locales, funcionarios y proveedores relacionados con posibles irregularidades en contrataciones. Su alcance justifica examinar las relaciones y los procedimientos involucrados, sin anticipar culpabilidades ni extender las sospechas a todo el personal.
La revisión debe permitir reconstruir cada operación: cómo se eligió al proveedor, cuánto se pagó, quién comprobó la entrega y cómo se atendieron las observaciones. Publicar contratos sirve de poco si no es posible seguir el uso del dinero y exigir responsabilidades. La autonomía del Instituto debe acompañarse de fiscalización efectiva.
También debe revisarse el funcionamiento del Consejo General. La conducción colegiada exige deliberación, información suficiente y responsabilidades identificables. Cada integrante debe responder por sus atribuciones, sus votos y sus actos. El carácter colectivo de una decisión no puede convertirse en una forma de diluir las responsabilidades individuales.
La imparcialidad electoral merece el mismo rigor, aunque constituye un ámbito distinto del administrativo. Una contratación indebida no demuestra por sí sola manipulación del voto; organizar correctamente una elección tampoco justifica el mal uso de recursos.
En sus resoluciones, el INE debe aplicar criterios equivalentes a conductas comparables y explicar las diferencias. Tener convicciones políticas no descalifica automáticamente a sus integrantes; convertirlas en privilegios, tolerancias selectivas o castigos sí compromete su función. La exigencia de actuar sin obediencias ni enemistades partidistas corresponde a toda la institución.
Los partidos también tienen una responsabilidad: no pueden reclamar independencia mientras buscan reservarse influencia sobre las consejerías. La selección de sus integrantes debe examinar capacidad, trayectoria y posibles conflictos de interés.
Rumbo a 2027, México necesita algo más que una presidencia confiable: necesita controles que funcionen incluso cuando sus dirigentes fallen. Esclarecer responsabilidades individuales y corregir las condiciones que permiten los abusos son tareas inseparables. De ambas depende que el relevo produzca una mejora institucional y no solamente un cambio de nombre.
